Buenos Aires. El gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, debió retroceder en el intento de que los consumidores pagaran una tarifa adicional de gas como compensación para las empresas petroleras por supuestas pérdidas debido a la devaluación del peso, lo que provocó no sólo demandas judiciales contra Javier Iguacel, secretario de Energía, sino una verdadera rebelión a nivel popular y la decisión de rechazar esta medida por toda la oposición en el Congreso, incluidos sectores de la Unión Cívica Radical, que integra la alianza gobernante de Cambiemos.

Ya se organiza una resistencia activa contra el nuevo aumento a las tarifas del gas dispuesto en estos días, que va de 35 a 50 por ciento, para sumar mil 848 por ciento de incremento en lo que va de la gestión de Cambiemos –que comenzó en diciembre de 2015–, y en este contexto la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner advirtió del peligro que significaba aceptar esta medida, ya que podían reclamar lo mismo todas las empresas, pero ahora se especifica que el Estado se hará cargo de este subsidio, lo que significa que terminarán pagando los consumidores, mediante otros impuestos.

Otro escándalo judicial resultó en la condena de cinco años y ocho meses de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio de Vido. Además, fue sentenciado a inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos por encontrarlo partícipe del delito de administración fraudulenta, en un caso ajeno a su cartera: el accidente de un tren, debido a la impericia del conductor, que provocó medio centenar de muertos en Buenos Aires, en 2012.

De Vido escuchó la sentencia en el penal de Marcos Paz, donde está recluido preventivamente y declaró que ésta es una decisión política de Macri expresada claramente en la apertura legislativa en 2016.

También lo acusan de ser el presunto organizador de la asociación ilícita de la recaudación de sobornos de empresarios durante su gestión en Planificación, denuncia basada en supuestas pruebas que el ex chofer de un ex funcionario escribió en un cuaderno del cual sólo existen fotocopias, pues el dueño quemó el original; todo esto, en una causa que está en la mira de los juristas, por lo que se consideran acciones extorsivas sobre los testigos o las personas implicadas en esos textos, para que declaren ante el juez Claudio Bonadío contra Fernández de Kirchner.

En tanto, Manuel Javier Rodríguez, director regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Mar del Plata, renunció al denunciar presiones para no investigar a Angelo Calcaterra, primo y socio del presidente Macri, y a la empresa IECSA, mencionada, como otras, en las fotocopias, pero además dentro del caso de sobornos de la brasileña Odebrecht.

Otro escándalo estalló cuando abogados demandaron penalmente a Carlos Rosenkrantz, presidente de la Suprema Corte, quien imputó a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, por haber desmantelado, antes de dejar su cargo, el portal de noticias del Centro de Información Judicial, a cargo de profesionales como María Bourdín y Pablo Méndez.

Lorenzetti recordó que Rosenkrantz intentó privatizar este portal actuando con violencia de género contra Bourdín, y lo acusó de autoritario y mediocre y de actuar en forma que no había sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar.