n la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, un tema que ha sido poco atendido es el de la participación de los científicos en esa gesta, así como sus consecuencias en el desarrollo de la ciencia en México. Además de la presencia de personalidades de la talla de Manuel Peimbert, Heberto Castillo y Eli de Gortari (para citar sólo algunos ejemplos representativos de los numerosos expertos de las ciencias, la tecnología y las humanidades que apoyaron las demandas de los jóvenes), el 68 también se encuentra entre los eventos que llevaron a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Como ha explicado Ruy Pérez Tamayo, las relaciones entre el Estado y la comunidad científica mexicana se deterioraron durante el movimiento estudiantil llegando a la ruptura total después de la matanza del 2 de octubre. El gobierno consideró que algunas reformas en la educación superior y la creación del Conacyt podrían servir para restablecer el diálogo con las comunidad académica y científica. El antecedente inmediato fue un estudio elaborado por investigadores en el Instituto Nacional de Investigación Científica (INIC), y la Ley para la creación del Conacyt la firmó Luis Echeverría en 1970. Así, el surgimiento de este organismo, que marcó el final del INIC y el inicio de una nueva era para la ciencia mexicana, no puede entenderse sin el movimiento del 68 y la participación activa de los científicos.

Digo lo anterior porque el Conacyt es un organismo que tiene una evolución ligada a la historia de nuestro país y es obra de la comunidad científica. Las modificaciones en su estructura y funciones no pueden hacerse al margen del sector que le dio origen. Se trata de un organismo vivo, al que no se le puede cortar algún miembro, trasplantarle un ojo en la espalda o insertar una nueva letra en su genoma al gusto de cada persona o grupo.

Hoy vivimos la transición entre dos gobiernos, un proceso en el que había predominado la prudencia y que se ha fracturado en un espacio inesperado. El detonante, un oficio enviado por la futura directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla Roces, dirigido al actual titular de ese organismo, Enrique Cabrero Mendoza, en el que le solicita suspender todas las convocatorias y contratos que pudieran comprometer recursos para 2019. A mí me pareció grosero y mal sustentado jurídicamente; dio pie además a confusiones que requirieron luego de múltiples aclaraciones. No abundaré, por ahora, en sus contenidos, sobre los que ya ha corrido mucha tinta, porque además de que la solicitud no fue procedente, las reacciones han adquirido un tono maniqueo que dificulta retornar a un enfoque constructivo.

El ruido generado se debe a que este tema ha sido tomado como pretexto para atacar al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que todos los días recibe respuesta de sus partidarios. No quiero decir que no haya posturas válidas, como los análisis lúcidos de Ernesto Villanueva en Proceso, Carlos Ornelas en Excélsior o Raúl Trejo en La Crónica, entre otros, que contribuyen a la crítica constructiva y a un debate serio. Pero todos estos esfuerzos quedan sepultados por la densa nube gris formada por intereses políticos y partidarios en favor o en contra de AMLO.

La ventaja de que dirija al Conacyt un científico o científica y no un administrador o político es que los primeros cuentan con las herramientas para observar a la ciencia de nuestro país como fenómeno, susceptible de estudio al margen de preconcepciones ideológicas.

Mediante el examen de sus características, es posible fortalecer a este Consejo Nacional y transformarlo democráticamente para alcanzar el nivel de desarrollo de la ciencia que el país requiere en beneficio de los mexicanos.

Como he señalado previamente en este espacio, el triunfo de AMLO en las pasadas elecciones brinda esta posibilidad y ha sembrado la esperanza de que quizás es posible salir del estancamiento científico en el que nos han mantenido gobiernos anteriores.

La crítica es muy importante en la construcción de la política de ciencia y Elena Álvarez-Buylla debe entenderlo así. Yo estimo que tiene una visión muy apresurada de lo que es la ciencia en nuestro país. Para ella está plagada de intereses políticos y económicos, ligada con las multinacionales, con prácticas neoliberales que conducen a los científicos incluso a cometer fraudes. Esa es la realidad para ella.

Pero, como buena científica que es, eso lo tiene que demostrar y, si no puede hacerlo, tiene que modificar su discurso. Aquí no se trata de estar en favor o en contra de Morena.

Existe una preocupación real (verificable) entre los científicos del país por los acontecimientos recientes en el Conacyt, y como han mostrado los análisis de la votación del primero de julio pasado, en este sector la gran mayoría votó por AMLO.