n el cuento de nunca acabar, el gobierno federal, por un lado, presume golpes contundentes en el combate al huachicoleo y, por otro, las propias cifras oficiales reconocen que, lejos de ello, las tomas clandestinas de combustibles se incrementaron 50 por ciento entre julio de 2017 y el mismo mes de 2018 (última cifra disponible), con un creciente costo para las finanzas nacionales.

En su sexto y último Informe de gobierno, Enrique Peña Nieto afirmó que en colaboración con Petróleos Mexicanos, la Policía Federal realizó acciones contra el robo y venta ilícita de hidrocarburos y logró el decomiso de más de 19.8 millones de litros de diversos hidrocarburos, 5.7 millones de litros de diésel, 705 mil litros de combustóleo, 4.9 millones de litros de gasolina, 2.2 millones de litros de gas licuado de petróleo, 55 mil litros de petróleo, 268 mil litros de turbosina, 3.6 millones de litros de hidrocarburos sin identificar y 2.4 millones de litros de otros hidrocarburos, así como de 385 tomas clandestinas, lo que representó un incremento de 62.3 por ciento respecto de los 12.2 millones de litros incautados entre septiembre de 2016 y junio de 2017.

Sería cuestión de verificar esa numeralia, pero en vía de mientras la información de Petróleos Mexicanos revela que de enero a julio de 2018 las tomas clandestinas sumaron 8 mil 742, contra 5 mil 806 registradas en el mismo periodo de 2017, mientras el crimen organizado se sirve con la cuchara grande en el robo de combustibles. Y el que paga por el festín es Pemex (estimado en 30 mil millones de pesos anuales), o lo que es lo mismo, los mexicanos.

En su edición de ayer, La Jornada (Dennis A. García) publicó que “pese a las acciones de las distintas dependencias de seguridad, que incluso han redoblado las estrategias, la violencia en Guanajuato y Puebla no cesa; el motivo: controlar el robo de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (…) De acuerdo con fuentes federales consultadas, el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una disputa en ambas entidades por el control del huachicol; en Guanajuato, la lucha es contra el llamado cártel de Santa Rosa, que encabeza José Antonio Yepez, El Marro; en Puebla, el principal grupo delictivo lo encabeza Nemesio Oseguera y disputa las perforaciones a ductos de Pemex a Roberto de los Santos, El Bukanas, ex zeta que formó su organización”.

En marzo de 2016, agrega la citada información, “la Procuraduría General de la República anunció un plan para atender el robo de hidrocarburos, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión, según las leyes. Las acciones fueron específicamente para Guanajuato, donde se formó el Grupo de Coordinación, integrado por la Defensa Nacional, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la procuraduría y la policía estatal. A pesar de eso, las ejecuciones continuaron por el control territorial; incluso creció el grupo de El Marro y se registró el ingreso del cártel de El Mencho”.

Lo anterior no es precisamente un aval de la alegre versión del inquilino de Los Pinos, de que se han propinado golpes contundentes, con todo y que la Policía Federal (versión oficial) ha detenido a 3 mil 593 personas como presuntos responsables. Sin embargo, nadie aclara cuántos de ellos han regresado a succionar ductos.

El creciente negocio del huachicol no podría ser tan exitoso como lo ha sido sin dos elementos característicos del sistema político-económico mexicano: corrupción e impunidad a gran escala. Cuando menos tres gobiernos al hilo (Fox, Calderón y Peña Nieto) pusieron en marcha un plan integral en contra del huachicoleo, pero el número de tomas clandestinas y el multimillonario ingreso que significa la venta ilegal de hidrocarburos han crecido como la espuma.

Las rebanadas del pastel

Dice López Obrador que al que quiera negocio aeroportuario, que le cueste, como Carlos Slim comprenderá.

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