unca imaginé que izarían a media asta la bandera nacional en el Zócalo para honrar a los que murieron el 2 de octubre en Tlatelolco y durante el movimiento estudiantil de 1968. Y que, además de quienes encabezan los poderes Legislativo y Judicial, asistiera un representante del presidente Enrique Peña Nieto, de gira por España. Tampoco imaginé que en los muros de honor de las cámaras de Diputados y de Senadores se les honrara inscribiendo en letras de oro la gesta del 68 como uno de los grandes acontecimientos del país. Que se retiraran en la ciudad las placas en las que aparece el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Y que, según comprobó Pável Granados, un busto del general Alfonso Corona del Rosal, regente de la capital del país en 68, desapareció de la glorieta del Metro Insurgentes.

Creí que lo ocurrido hace medio siglo estaba sólo en la mente de los que vivimos esos días, un mal recuerdo de un sistema político y burocrático represivo en el que nada se movía si el presidente en turno no lo ordenaba. Sin embargo, los medios y las redes sociales demuestran que los padres de entonces informaron a sus hijos de lo que pasó. Que el 2 de octubre estaba vivo en la mente de las generaciones posteriores. No sorprenden entonces los numerosos actos para recordar a los muertos y a quienes sufrieron prisión o persecución durante el régimen de Díaz Ordaz. Falta rendirle homenaje a los dirigentes de los maestros y ferrocarrileros que la padecieron años antes.

Ahora necesitamos saber cómo y quiénes ordenaron la represión durante el movimiento estudiantil y la matanza en Tlatelolco. En declaraciones que hizo hace 20 años, el ex presidente Luis Echeverría asegura que como secretario de Gobernación nunca ordenó usar la fuerza pública contra los estudiantes. Y menos en Tlatelolco. Que el responsable de todo fue Díaz Ordaz, pues era el jefe supremo de las fuerzas armadas. Y sostiene que el Batallón Olimpia, que participó en la masacre en Tlatelolco, era un grupo de élite creado por Díaz Ordaz. Echeverría asegura que tan no tuvo responsabilidad en lo ocurrido, que lo eligió Díaz Ordaz como su sucesor. Mas con su silencio y su lealtad, fue cómplice de la matanza.

Echeverría siempre ha tenido mala memoria. Olvida que bajo su responsabilidad estaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la de Investigaciones Políticas y Sociales, encargadas de seguir los pasos a los disidentes políticos. Agentes de la DFS torturaron y desaparecieron a opositores al gobierno. Y estuvieron en Tlatelolco el día de la matanza. Ya presidente, Echeverría protegió al grupo paramilitar de los Halcones, agresores de la marcha pacífica de estudiantes y maestros el 10 de junio de 71.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, anuncia que hará un reconocimiento público de que en el 68 se violaron lo derechos humanos. Nada más justo. Ojalá ese mea culpa lo dé el presidente Peña Nieto, jefe supremo de las fuerzas armadas, antes de concluir su mandato. Mientras, se anuncia que se podrán consultar los documentos que sobre el 68 hay en el Archivo General de la Nación. Su directora, Mercedes de la Vega, prometió abrir los delicados, hasta llegar a la verdad.

De conservarse sin rasurar esos archivos, podremos saber quién realmente ordenó que el Batallón Olimpia estuviera en Tlatelolco, donde se efectuaba un pacífico mitin. Si en verdad ese cuerpo de élite fue atacado por francotiradores (¿integrantes de las agencias de seguridad del Estado?) para crear el caos y las condiciones que facilitaran detener a los líderes estudiantiles y acabar de una vez por todas con el movimiento, habida cuenta la proximidad de la olimpiada. Y esclarecer el papel que esa noche tuvo el Estado Mayor Presidencial.

Por fin, se reconoce que en el 68 se violaron los derechos humanos y se rinde homenaje al movimiento estudiantil y a las víctimas. Pero falta saber toda la verdad. Ojalá ahora sea posible.