Falta de contratos, salarios menores a la línea de bienestar urbana que es de mil 516 pesos, déficit en el derecho a la capacitación, alta informalidad y bajo acceso a la seguridad social, son algunas deficiencias de la política laboral, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por lo anterior, en el estudio diagnóstico Derecho al trabajo 2018 propuso que dicha política requiere modernizarse para que el mercado de trabajo vuelva a ser el principal mecanismo de inclusión social y no un generador de pobreza y desigualdad.

Sumado a ello, dijo que hay un alcance limitado en la intermediación entre oferta y demanda a cargo del Servicio Nacional del Empleo, que tendió a decrecer, resultado de los recortes presupuestales y a ser semejante a agencias privadas de colocación. La principal vía para encontrar vacantes y acceder al empleo fueron los medios informales, lo que llevó a personas de bajo nivel socioeconómico a ocupar empleos precarios. Se deben considerar los nuevos retos en materia de empleo derivados de las transformaciones tecnológicas que suponen nuevos escenarios en el mercado del trabajo”, señaló.

Destacó que hay una amplia precariedad laboral en el país, agravada por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables. Esto se observa al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad de los grupos vulnerables frente a la situación de la población trabajadora que no tiene esas características.

Desde el enfoque de derechos, el primer déficit de la política en cuanto al derecho al trabajo digno es la falta de participación plural de la sociedad en el diseño, puesta en marcha y evaluación de la política sectorial, lo que sería una condición para revisar los objetivos e instrumentos de la política laboral, a fin de cerrar las brechas y asegurar el acceso a un empleo decente, tomando en cuenta las necesidades de los trabajadores.

Precisó que los problemas del mercado laboral no sólo se expresan en el porcentaje de trabajadores desocupados sino, en mayor medida, en el número de desalentados, subocupados y empleados en el sector informal.

Hay un alto déficit en el disfrute del derecho a la capacitación, pues 57.6 por ciento por ciento con antecedentes laborales no contó con capacitación para el trabajo en los tres años recientes; las mujeres están la situación más grave, con 61.1 por ciento; en los hombres es de 53.4 por ciento.

Detalló que sobre la calidad del empleo, las brechas más importantes están en la falta de contrato escrito, que afecta el acceso a prestaciones y se agrava en los negocios más pequeños y la informalidad, debido a la falta de inscripción en la seguridad social, pues carecen de ella seis de cada 10 ocupados; afecta más a quienes tienen menos escolaridad, así como a los indígenas y los jóvenes. El bajo ingreso merece atención particular ante la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo general.