Nueva York. El gobierno mexicano censura los archivos de 1968 que por breve tiempo, resultado de los esfuerzos de exigir transparencia oficial, fueron accesibles al público, afirmó ayer el National Security Archive (NSA), organización independiente de investigaciones y documentación en Washington.

Mientras México reconoce el legado del movimiento estudiantil y llora la matanza de sus líderes, el gobierno federal ha removido, censurado y reclasificado miles de archivos antes accesibles de esa época, escribe Kate Doyle, directora del Proyecto México del NSA.

Sostiene que el Archivo General de la Nación (AGN) justifica su acción con una ley de protección de privacidad personal, pero ha llegado a extremos “absurdos al hacer ilegibles hasta los documentos más conocidos y publicados sobre Tlatelolco y otros de la guerra sucia”.

Señala que el proyecto de reclasificación es un retorno a los viejos tiempos de desinformación y negación cuando se trata de historias políticamente amenazantes. Refleja la determinación del poder estatal de limitar o distorsionar lo que la gente entiende sobre el pasado, y van de la mano con cinco décadas de impunidad para aquellos que planificaron y ejecutaron la represión contra los estudiantes en 1968 y de la injusticia para las víctimas.

Recuerda que, en respuesta a la presión publica para revelar la verdad oficial sobre el 68, el presidente Vicente Fox anunció –después del fracaso de la fiscalía especial sobre movimientos del pasado– la apertura de una nueva sección en el AGN dedicada a expedientes del gobierno sobre la guerra sucia. La mayoría de los documentos divulgados eran de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Doyle, una de las primeras investigadoras en revisar la nueva colección, recuerda que encontró millones de documentos y otras cosas relacionadas con tareas de espionaje, interrogación, tortura, persecución y desinformación oficial durante la guerra sucia. También incluía cuantiosos archivos sobre el movimiento estudiantil. Ese material fue empleado para producir reportajes y libros de todo tipo, abriendo avenidas para que la sociedad civil encontrara sus propias verdades.

Pero “la glásnost mexicana no perduró”, afirma Doyle, y con el retorno del PRI al poder en 2012, una vez más se empezó a limitar el acceso a esa información, hasta llegar al cierre de la colección de materiales de la Sedena y de la DFS ampliamente alterados con nuevas versiones públicas censuradas.

Es difícil saber qué espera el actual gobierno al reclasificar archivos de hace 50 años sobre atrocidades del pasado, dado que muchos de los archivos no alterados han sido publicados y colocados en otras colecciones antes de que fueran censurados otra vez.

Por ejemplo, el Informe histórico a la sociedad mexicana 2006 ahora existe sólo en el portal de la NSA y no es accesible en los sitios oficiales del archivo.

Ante el intento de frenar la transparencia se han desarrollado nuevos proyectos internacionales colaborativos, entre ellos el de Los Archivos del Autoritarismo Mexicano/Mexican Intelligence Digital Archives impulsado por la NSA, entre otros.

Con éste y otros proyectos similares, afirma Doyle, la comunidad de investigadores independientes continuará desafiando los últimos intentos del gobierno mexicano de borrar la historia de la masacre de Tlatelolco, y la llegada de un nuevo gobierno ofrece una oportunidad para que el público mexicano insista en que el Estado reconozca su responsabilidad en la tragedia del 2 de octubre de 1968.