os dos Méxicos, con sus respectivas subdivisiones, se mostraron activamente en el recuerdo de lo sucedido 50 años atrás en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Por un lado, el México del oficialismo tradicional, con discursos y presencias desde las antípodas (Alfonso Navarrete Prida, secretario de gobernación del languideciente régimen priísta, político modélico de la escuela mexiquense), ceremonias formales (banderas a media asta, torres rectorales con juegos de luces y de palabras pero sin compromiso más allá de lo declarativo, el propio Enrique Graue pretendiendo acomodar los hechos del 68 a los resultados electorales de 2018, actos públicos de ensalzamiento de lo simbólico inmediato como cumplimiento de efeméride olvidable al siguiente día), y el ocupante de Los Pinos en su fuga política de los meses recientes, ayer Peña Nieto en Guanajuato, inaugurando obras de mejoría y ampliación de instalaciones aeroportuarias.

La subdivisión del oficialismo en ruta de dominancia política (el morenismo ya en control del congreso; en Palacio Nacional a partir del próximo primero de diciembre) aportó las notas más sustanciales y comprometidas: letras de oro en muros y balcones camerales de honor, reiteración obradorista de nunca usar al Ejército contra el pueblo, guiños hacia diversas formas de revisión del pasado represivo, y declaraciones mediáticas más cercanas a la visión popular de los hechos de Tlatelolco.

Por la tarde, caminar capitalino desde diversos puntos, con destino a la Plaza de la Constitución, el Zócalo receptor de las protestas de (casi) siempre. La reiteración de la protesta ciudadana, de las consignas y las pancartas, los discursos encendidos y los reclamos ante las apariencias y las simulaciones de cambio en el México del medio siglo reciente. Demandas de reapertura de comisiones de investigación de crímenes políticos, exigencia de un cambio verdadero de régimen, la esperanza y la presión, más allá de lo meramente electoral.

También en estas columnas manifestantes hay cuando menos dos subdivisiones evidentes. Una, la mayoritaria, de ciudadanos que retoman las calles y acompañan la protesta desde un plano organizado, incluyente y pacifista, recelosos de provocaciones e infiltrados. Es, si cupiera la simplificación, la actitud prevaleciente en el grueso de la ciudadanía mexicana: impulsar cambios y exigir congruencia pero desde planos cuidadosos, graduales, no desbordados.

Hay otro segmento, que descree de los oficialismos y las promesas. Va más allá del hartazgo esperanzado y, en ese núcleo de arrebatos, convergen tanto las explosiones genuinas de ánimos desesperados como la inserción tramposa de violencia reventadora, que da pie a coberturas periodísticas descalificadoras y a la desconfianza del flujo general de participantes.

A fin de cuentas, puesta ya la palomita de cumplido sobre la fecha en el calendario, el país sigue viviendo problemas diferentes en sus expresiones concretas (ahora: el crimen organizado, la terrible inseguridad pública, el neoliberalismo arrasador, la corrupción llevada a extremos criminales) pero similares en cuanto a atraso, desigualdad, injusticia e insuficiencia del sistema político y sus variables democráticas.

Una cascada de ejemplos deplorables se desató en las cuentas de Internet de un tecleador astillado luego de la propuesta de retirar de la nomenclatura urbana los nombres y apellidos de personajes nefastos de la política pasada y reciente. En todas las ciudades del país hay escuelas, jardines de niños, clínicas, hospitales, avenidas, bulevares, puentes, libramientos, y obras públicas en general que llevan la referencia de quienes han gobernado el país, los estados y los municipios, en autohomenajes personales, familiares y grupales que no coinciden con la apreciación popular, sino todo lo contrario.

En ese contexto, el periodista Jenaro Villamil propuso ayer que el nombre del digno y ejemplar rector de la UNAM en 1968, Javier Barros Sierra, ocupe el lugar de aquellos sitios donde se haya asentado el del repudiado Gustavo Díaz Ordaz.

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