Puebla, Pue., Los 22 diputados de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de Puebla designe al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues el gobernador Antonio Gali Fayad recurrió al veto para que no puedan hacer uso de esa facultad.

El presidente de la mesa directiva y coordinador de la bancada del PT, José Juan Espinosa Torres, informó lo anterior y anunció que los legisladores también defenderán la abrogación de la llamada Ley Bala, decisión que también vetó el mandatario panista.

La ley que regula el uso de la fuerza por instituciones policiacas, impulsada en 2014 por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, faculta a los agentes de seguridad pública a disparar contra manifestantes.

Espinosa Torres anunció que los integrantes de la 60 Legislatura realizarán un foro para elaborar una nueva ley que regule el uso de la fuerza pública y que se ajuste a las disposiciones vigentes sobre derechos humanos.

En conferencia de prensa, señaló que el veto de Gali a ambas acciones legislativas impulsadas por Morena, PT y PES exhibe un ‘‘ánimo de revanchismo’’ del Partido Acción Nacional ante su derrota en la elección de diputados locales, el primero de julio pasado.

Advirtió que Antonio Gali Fayad ‘‘pasará a la historia como el primer gobernador de Puebla que bloquea el trabajo del Poder Legislativo’’, y en diciembre dejará el cargo ‘‘con la cola entre las patas’’.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno informó que el gobernador Gali Fayad hizo observaciones a decretos emitidos por la 60 Legislatura, entre ellos el que abroga la Ley Bala.

También lo hizo con el decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 16 y deroga el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), en ambos casos con base en los artículos 64 y 79 de la Constitución Mexicana y la de Puebla, respectivamente.

Indicó que, de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional, el Estado tiene la obligación de regular el uso legítimo de la fuerza pública.

Argumentó que de abrogarse la Ley Bala ‘‘el estado no tendría marco jurídico de actuación, lo que se traduciría en un actuar discrecional de los elementos policiales en agravio a los derechos humanos’’.

Las observaciones del mandatario señalan que las reformas que hicieron los 22 diputados que lidera Morena no siguieron las formalidades previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.