Madrid. A un año del referendo de independencia volvieron los enfrentamientos en Cataluña. El movimiento soberanista se organizó para recordar la consulta popular del primero de octubre como señal del rumbo que quiere tomar la región. Unas 200 mil personas salieron a las calles de Barcelona, en una movilización en la que también hubo sabotajes, cierre de calles y carreteras, ocupación de estaciones ferroviarias, agresiones y hostigamiento a periodistas y enfrentamientos con los agentes de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica).

Con el lema Recuperemos el 1-O (1º de octubre) recorrieron las calles 180 mil personas, según cifras de la guardia urbana, para exigir el cumplimiento del mandato emitido en el referendo del año pasado, la salida de prisión de los presos políticos, el regreso de los exiliados y la salida inmediata de las fuerzas de ocupación españolas. La mayor parte de la marcha transcurrió en un clima festivo y pacífico que se rompió cuando dos grupos numerosos decidieron trasladarse a la jefatura de la policía nacional y a la sede del Parlamento, al cual trataron de ingresar.

Cataluña recordó la actuación de la policía española hace un año, cuando intentó impedir que se llevara a cabo la consulta ciudadana mediante la represión.

Según la hoja de ruta trazada por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por los ideólogos, Cataluña ya debería ser independiente, con un modelo en forma de República y con instituciones propias. En aquel referendo participó algo menos de 40 por ciento de la población; la mayoría votó en favor de la causa soberanista, pero recibió numerosas críticas de la oposición por su carácter ilegal y la falta de garantías democráticas en la consulta.

Pese a todo, tras el referendo, el 27 de octubre se llevó a cabo la declaración unilateral de independencia en una sesión solemne en el Parlamento catalán que también puso en evidencia la fractura política y social de la región, tras el abandono de los principales partidos de oposición y de carácter unionista.

Tras la declaración unilateral de secesión, el gobierno español, presidido entonces por el derechista Mariano Rajoy, decidió intervenir las instituciones catalanas a través de la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía de la región, y convocar a elecciones autonómicas. Además, se abrieron procesos judiciales contra los líderes del movimiento, acusados de rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia. Puigdemont y otros consejeros huyeron a Bélgica, Reino Unido, Suiza y Alemania.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) organizaron una serie de actos de protesta que afectaron sobre todo el tránsito vehicular. Su objetivo era paralizar la economía para dejar claro que tras la represión policial de hace un año no habrá ni olvido ni perdón.

Varios grupos de entre 40 y 100 personas bloquearon importantes vialidades de Barcelona y la carretera de más tráfico en la región; irrumpieron en la estación del tren de alta velocidad en Girona y en oficinas del gobierno, donde quitaron y pisotearon una bandera española. También trataron de ingresar por la fuerza a la Bolsa de Valores.

En medio del caos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, volvió a denunciar la represión policial de hace un año y animó a los militantes de los CDR a seguir presionando.

Al finalizar la jornada hubo tensión en la Vía Laietana, donde está el edificio de la policía española, y en las puertas del Parlamento, donde los diputados de las formaciones españolistas tuvieron que salir escoltados y en medio de insultos y descalificaciones. Los manifestantes también lanzaron vallas y botes de pintura contra los policías catalanes. No se informó de ningún herido.