Por el caso Iguala la Procuraduría General de la República (PGR) prepara una nueva consignación contra al menos 30 personas que estarían involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que a lo largo de estos cuatro años se ha establecido que al menos 13 teléfonos celulares de los estudiantes quedaron en manos de policías de Iguala, Cocula e integrantes de Guerreros Unidos, de acuerdo con registros de las compañías telefónicas que dieron seguimiento al IMEI de cada aparato y luego a los chips que les instalaron quienes se quedaron con ellos.

En declaraciones que aún no se han hecho públicas, existen datos que permitirían identificar a los responsables de la muerte de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue abandonado en calles de Iguala la mañana del 27 de septiembre. Las fuentes revelaron también que el gobierno de Estados Unidos posee más charlas entre integrantes de Guerreros Unidos y las reacciones que tuvieron los líderes en días posteriores a los sucesos.

Hay detalles de la investigación que el titular de la oficina de investigación, Alfredo Higuera Bernal, ha mantenido en total sigilo, como que el último peritaje realizado por la Dirección de Servicios Periciales de la PGR estimó que en el basurero de municipal de Cocula fueron incinerados entre 17 y 25 normalistas.

Deslindarían a militares

También se han incluido en los nuevos tomos los interrogatorios realizados a militares del 27 Batallón de Infantería y los peritajes hechos a esas instalaciones castrenses en los que, en cumplimiento de lo solicitado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no se localizó evidencia de haber participado en la desaparición y en el expediente se agregaron las cuatro fotografías que tomó un soldado cuando los policías detenían a estudiantes frente al nuevo Palacio de Justicia.

Las pruebas que ya se analizaron para las nuevas diligencias refieren que no fueron cinco, sino seis autobuses los que se relacionan con el caso, y uno de ellos se quedó en la terminal de Iguala porque el chofer engañó a los estudiantes.

Los datos obtenidos contrastan con lo que en su momento el procurador Jesús Murillo Karam definió como la verdad histórica, ya que de acuerdo con funcionarios del gabinete de seguridad nacional fue él quien decidió señalar que en el basurero se había incinerado a los 43 estudiantes, cuando ningún peritaje lo establecía de manera contundente y sólo se menciona a un número indeterminado de víctimas calcinadas, que de acuerdo con las declaraciones de los detenidos –las cuales aún no han sido dadas a conocer ni se han consignado ante un juez–, los normalistas habrían sido divididos en dos grupos antes de su desaparición, y algunos de ellos pudieron haber sido levantados cuando trataban de esconderse tras el ataque.

Las fuentes señalan que el ex titular de la PGR se molestó cuando otros integrantes del gabinete le recomendaron que no debía nombrar como verdad histórica la narrativa de lo ocurrido, sino como una verdad jurídica que se sustentaba en declaraciones y peritajes.

También, y de eso no se ha mencionado nada, es que si bien el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio realizó un recorrido irregular por el río Cocula, con Agustín García Reyes, uno de los participantes en los hechos, y el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se mostró ante los medios la diligencia de reconstrucción y la localización de fragmentos de huesos que se llevó a cabo de manera formal un día después, cuando además de García Reyes también se trasladó a otro integrante de Guerreros Unidos acompañado por su abogado, se inspeccionó el lugar y se descubrió la bolsa con restos óseos.

En ese contexto, señalaron las fuentes consultadas, Murillo Karam incluso llegó a mencionar durante el interrogatorio a Sidronio Casarrubias que podría obtener la recompensa que se ofrecía por información que llevara a localizar a los normalistas, pero el líder de Guerreros Unidos le habría respondido: “con todo respeto le digo que nosotros ganamos mucho más que eso que están ofreciendo…”

Entre las pistas que la PGR ha obtenido están las que ubican por sus teléfonos la noche del 26 de septiembre de 2014 a César Nava González, ex subdirector de la Policía Municipal de Cocula, y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, jefe regional de Guerreros Unidos, en el basurero de Cocula. Hay declaraciones que señalan que ambos llevaron cervezas a quienes avivaron la pira en el basurero de municipal, en la cual supuestamente se incineró a los normalistas.

De la misma manera, uno de los teléfonos cuya señal se detectó en la zona del basurero a las 23:30 horas del 26 de septiembre, fue el de Bartolo Tlaltempa, quien viajaba en el autobús 1532 con un grupo de 15 a 26 normalistas, los cuales habrían sido llevados hasta una casa de seguridad en Cocula y posteriormente al basurero.

Otro aparato ocupado luego de la desaparición estuvo en manos de Cruz Sotelo, hermano de Bernabé, quien era chofer de una combi propiedad de la esposa de El Gil y lo utilizó hasta el 2 de octubre, cuando comenzaron las detenciones.

Para la PGR existen señalamientos que refieren un pleito entre los hermanos Casarrubias –Sidronio y Adán– por el secuestro y eso surgió de las conversaciones interceptadas por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a Pablo Vega, el encargado de recibir los cargamentos de heroína en Chicago.