oy se cumple un año del primero de octubre, día del referendo soberanista en Catalunya frente a la reiterada negativa de diálogo del Estado español.

Recapitulemos. Ante la ilegalización del referendo por parte del Estado español, el primero de octubre del año pasado, 43 por ciento de la población censada desobedeció pacíficamente, organizó la apertura de los colegios electorales, y votó. Noventa por ciento en favor del sí, aunque los resultados sean lo de menos en este momento. Lo que la mayoría recordamos de los días previos y del primero de octubre son los centenares de personas durmiendo en los colegios electorales para proteger la llegada clandestina de las urnas; el goteo de imágenes y videos de la represión de las fuerzas policiales del Estado que dejó más de mil personas heridas en cada rincón de la geografía catalana y la autorganización de miles para hacer frente a posibles incautaciones al cierre de los colegios. El primero de octubre de 2017 se convirtió para muchas personas en una afirmación radical de soberanía popular frente al corrupto entramado institucional español.

Ramón Grosfoguel recuperaba hace unos meses el concepto del Pachakuti, en términos de los indígenas quechuas, o del acontecimiento, en términos de Badiou, para hacer una lectura de la situación en Catalunya. El primero de octubre, defiende Grosfoguel, irrumpió un acontecimiento inesperado que truncó las dinámicas de perpetuación de la relación de dominación entre Estado y pueblo. Grosfoguel plantea que estos acontecimientos son generalmente efímeros, y sólo perduran en el tiempo en tanto que el discurso político se amolda a las nuevas subjetividades que ellos generan.

Un año después, el acontecimiento del primero de octubre pasado estaría en peligro de desvanecerse si las instituciones españolas no hubiesen trabajado tan duro para imponer sus consecuencias: políticos democráticamente elegidos y líderes sociales vinculados a organizaciones independentistas en la cárcel o en el exilio bajo orden internacional de detención; miembros de los Comités de Defensa de la República investigados; decenas de cargos cesados. Y mientras organizaciones internacionales reclaman que se esclarezcan los abusos policiales, las autoridades en su lugar investigan a Roger Español, el hombre a quien los cuerpos policiales arrebataron un ojo con un proyectil mientras defendía un colegio. Este mismo espíritu imperial y represor se hace evidente en medidas que no se confinan en el territorio catalán: vean los atentados contra la libertad de expresión a raperos, tuiteros, artistas, figuras públicas y personas anónimas; algunos hoy presos, otros exiliados. Volvieron a las portadas y conversaciones informales, en pleno resquebrajamiento del mito de la transición democrática, los presos y exiliados políticos que nunca dejaron de existir; volvemos a vivir en el estado de excepción institucionalizado.

Afirmaba Grosfoguel que la izquierda española, e incluso los partidos independentistas, no habían logrado canalizar el acontecimiento que significaron esos días en sus discursos. Seguramente esté en lo cierto, pero a primero de octubre de 2018, y a pesar de la persecución, los más de 300 Comités de Defensa de la República (herederos de los Comités de Defensa del Referendo, que organizaron la apertura de los colegios electorales en el primero de octubre), y las decenas de organizaciones soberanistas de base que les precedían, son el testimonio vivo de que el acontecimiento quizás no haya terminado todavía. Porque los 12 meses recientes, y especialmente la dura represión de la contramanifestación del pasado sábado (ejecutada esta vez por los Mossos d’Esquadra, la policía catalana), han llevado a muchas personas a caer en la cuenta de que tampoco las instituciones catalanas están llevando a cabo el mandato ­popular.

Si nuestras instituciones, tal vez debido a la frágil coyuntura en que se vieron subsumidas este año, no son capaces de dar respuesta al grito de soberanía de la sociedad organizada, quizás es el momento de dejarlas atrás para empezar a construir autonomías de base social. Quizás mejor tratemos de encontrar alternativas comunitarias al Estado nación que parece haber obsesionado tanto tiempo a gran parte del independentismo catalán. No son pocos los ejemplos de resistencias autónomas al Estado imperial que se han dado a lo largo de la historia a uno y otro lado del Atlántico. No en vano, en la pasada Diada del 11 de septiembre (fiesta nacional de Catalunya), los miles de personas que se manifestaron coreaban la consigna el pueblo manda y el gobierno obedece.

Que el primero de octubre sea en adelante la diada del pueblo organizado.

* Periodista catalana