l presidente de la Generalitat (gobierno autónomo) catalana, Quim Torra, llamó ayer a la sociedad de Cataluña a realizar un nuevo referendo vinculante de independencia, como el que se realizó hoy hace un año en medio de la represión policial emprendida por el gobierno español.

Como se recordará, a raíz de esa consulta, en la que resultó abrumador el triunfo del sí a la separación de España, las autoridades de Madrid allanaron las instituciones del gobierno de Barcelona, procesaron penalmente a 23 funcionarios de la Generalitat y líderes secesionistas y nueve de ellos siguen en prisión a la fecha, en tanto, otros, incluido el ex presidente Carles Puigdemont, debieron partir al exilio.

La declaración de independencia proclamada el 27 de octubre del año pasado por el Parlamento (legislativo local) y la promulgación de las leyes de desconexión y de transitoriedad, con las cuales los independentistas pretendían dar curso al funcionamiento institucional de Cataluña como país soberano, fueron anuladas por el Tribunal Constitucional español y el gobierno derechista de Mariano Rajoy invocó el artículo 155 de la Constitución de 1978 para tomar el control de la comunidad autónoma. Ahora el desarrollo de la situación política catalana ha dado un giro de 360 grados y regresa a los términos previos al referendo de hace un año, con el agravante de que las diferencias entre independentistas y españolistas se han exacerbado. El fin de semana anterior, una manifestación convocada por el sindicato de la policía para rendir homenaje a los efectivos que llevaron a cabo la represión de la consulta anterior, derivó en enfrentamientos con grupos separatistas, con saldo de 24 heridos.

Tanto el separatismo catalán como el vasco son fenómenos con una larga historia de agravios por parte del Estado español a los pueblos respectivos y el establecimiento de regímenes de autonomía limitada en la actual constitución de España no ha sido suficiente para gestionar en forma legal y pacífica los afanes independentistas que alientan importantes sectores de ambas regiones.

Más aún, la cerrazón de la clase política española posfranquista ante la evidente necesidad de abrir una vía constitucional para la autodeterminación, y su empeño en hacer frente a los nacionalismos vasco y catalán por medio de la persecución judicial y policial, han terminado por fortalecer a los sectores independentistas en distintas etapas. Actualmente éstos, así sea de manera circunstancial, han perdido momento en Euskadi, pero en la vida política de Cataluña la independencia sigue gravitando como asunto principal.

El llamado de ayer del presidente Torra a la celebración de un nuevo referendo independentista en el contexto de una estrategia de desobediencia civil no violenta parece condenado de antemano a repetir la historia de hace un año, incluso si en el Palacio de la Moncloa el derechista Mariano Rajoy ha sido remplazado por el socialista Pedro Sánchez.

Cabe esperar que éste haga gala de mayor sensibilidad e imaginación política que su antecesor y sea capaz de encontrar una solución institucional negociada capaz de satisfacer las aspiraciones de autodeterminación del independentismo catalán, aunque su margen de maniobra para tal efecto es, por desgracia, prácticamente nulo.