Antonino de Leo, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), exhortó al gobierno electo a garantizar los mecanismos institucionales más eficaces que permitan la protección y la plena participación de las mujeres durante el proceso de pacificación. También pidió que la intervención femenina se dé en línea con los estándares internacionales.

En el foro Seguridad, justicia y paz para las mujeres en México, realizado por diversas organizaciones feministas, expuso que desde 2006 (cuando se inició la llamada guerra contra el narco) la política criminológica ha invisibilizado a las mujeres, pero también a indígenas, niños, adolescentes, personas de la diversidad sexual, migrantes y un número notable de grupos en situación de vulnerabilidad.

Es tiempo de repensar la estrategia, aseguró, y pidió seguir las recomendaciones de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige, en un conflicto armado, el respeto a los derechos de las mujeres y su participación en el proceso de paz.

El llamado de incluir a las mujeres en los procesos de pacificación también fue lanzado por las organizaciones participantes en el foro.

Patricia Olamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, indicó que desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico sin ninguna perspectiva de género se ha aplicado políticas supuestamente de seguridad que no han dado ningún resultado.

Circe López, de la organización Humanas sin Violencia, expuso que debido al crimen organizado se ha detectado incremento en homicidios de mujeres en Michoacán. Añadió que al inicio del combate antinarco 53 mujeres fueron asesinadas y en lo que va de 2018 suman 127.