La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas recibió 61 nuevas solicitudes de apoyo de personas que consideran que su vida está en riesgo debido a la actividad que realizan.

Cada uno de los casos es analizado desde ayer; para este viernes se esperan resolutivos al respecto.

Actualmente el mecanismo brinda protección –en diferentes niveles– a 702 personas.

Durante la sesión de la junta, realizada jueves y viernes en la Secretaría de Gobernación, se revisaron también aspectos de difusión de los principales requerimientos del mecanismo y su fideicomiso, de cara a la siguiente administración federal.

Apenas el pasado día 10, la junta pidió a Gobernación que enviara una solicitud urgente a la Secretaría de Hacienda para la asignación de 126 millones de pesos al fideicomiso que permita la operación y protección de beneficiarios del mecanismo. Lo anterior, porque este fin de semana se habrán agotado los recursos disponibles.

Asistentes a la sesión dijeron ayer por la tarde que no tenían información de que 50 por ciento de los recursos en mención ya hubieran sido depositados al fideicomiso.

Por lo pronto, destacaron la necesidad de trabajar de manera urgente con el gobierno actual, así como con enviados del electo, para generar políticas públicas integrales para la defensa de estas personas, cuyo trabajo es de alto riesgo no sólo por el nivel de inseguridad y violencia en el país, sino porque casi todas las agresiones y asesinatos contra ese sector siguen impunes.

Instancias nacionales e internacionales señalan que México es uno de los lugares de mayor riesgo para las actividades de defensoras y periodistas. Apenas hace unos días fue asesinado un reportero en Chiapas, con lo que suman nueve homicidios de comunicadores en lo que va del año por presuntas causas relacionadas directamente con su labor informativa. Según la Constitución, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección a estos grupos, como acción básica para garantizar la libertad de expresión.

La junta reiteró la advertencia acerca del riesgo de no contar con los recursos señalados; en tal situación, desde el 1 de octubre se suspenderían más de 3 mil 500 medidas de protección en favor de 702 personas y 51 colectivos.