Tras la sentencia de nueve años de prisión dictada contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, la Cámara de Diputados aprobó convocar al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, con el propósito de que explique los términos de la negociación en el proceso.

En tanto, el Senado instó a la PGR y a la cancillería a que soliciten al gobierno de Guatemala autorización para que la fiscalía veracruzana emita una orden de aprehensión por desaparición forzada.

En San Lázaro, con el voto en favor de todos los grupos parlamentarios, el pleno aprobó citar a Elías Beltrán a reunión urgente con un grupo plural de legisladores para que explique los términos de la negociación con Duarte de Ochoa que le permitieron reducir la pena de cárcel. También se acordó solicitar a la PGR que proceda con urgencia a aplicar la extinción de dominio que permita recuperar los activos de los que se apropió en forma ilegal el ex gobernador de Veracruz.

En la tribuna de San Lázaro, el diputado Héctor Yunes (PRI) sostuvo que la sentencia dictada contra Duarte no fue acorde con los delitos que cometió. ¡No más sentencias pequeñas para grandes ladrones! Que la justicia se aplique sin distingo, sin privilegio, con el mismo rigor, dijo.

El legislador consideró necesario que se corrija la sentencia, y muy pronto, de lo contrario, en breve veremos a Javier Duarte libre por buena conducta que, por cierto, no observó como gobernador de Veracruz.

Por su parte, el panista Jesús Guzmán Avilés resaltó que no se avanza en el combate a la corrupción si no se investiga y castiga responsable y eficazmente a los delincuentes como Javier Duarte. Además, expresó la preocupación e indignación de su bancada por la actuación errática de la PGR en la integración del expediente y el seguimiento del caso.

En el Senado, los legisladores recordaron que para emitir una orden de aprehensión contra Duarte por desaparición forzada de personas –que giró la fiscalía estatal el 6 de junio pasado– se requiere del consentimiento del gobierno de la República de Guatemala, ya que, con base en el tratado entre ambos países, el ex mandatario sólo puede ser juzgado por los delitos expresamente consentidos por Guatemala en el convenio de extradición.

Además, los senadores demandaron a la cancillería acelerar el proceso judicial para la extradición de Karime Macías, esposa de Duarte, quien se encuentra en Gran Bretaña y que presuntamente habría participado en el desvío de recursos, para que rinda cuentas ante la justicia mexicana.