a iniciativa presentada por el senador Martí Batres el pasado 6 de septiembre presume estar destinada a revertir y frenar el proceso de privatización del agua en México. Nada más lejano a esa afirmación. Da la impresión que fue redactada con el fin de lograr un gran efecto mediático pero no un dictamen favorable, que de lograrlo no cambiará el estado de la gestión del agua en nuestro país.

El contenido más llamativo de su propuesta es haber adicionado un párrafo segundo al artículo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para prohibir que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable, lo que generó muestras de simpatía en las redes sociales y concitó el aplauso fácil e inmediato de algunas organizaciones. Entusiasmo entendible, ya que la privatización del servicio público de suministro es el aspecto más visible de la privatización y el que más rechazo social ha generado, ya que los hogares se enfrentan a súbitas alzas en las tarifas y cortes indiscriminados en el suministro, al tiempo que la calidad del servicio y la dotación de infraestructura no se incrementan.

Si se tratara de un acto tan sencillo como enunciar la prohibición desde un artículo aislado de la LAN, desde hace muchísimo se hubieran presentado no una, sino decenas de iniciativas en ese sentido. Si no se ha hecho es porque simple y sencillamente la LAN nada tiene que ver con el servicio público de suministro de agua. La materia legislativa es el artículo 115, cuya reforma en 1984 otorgó la atribución a los ayuntamientos –y en su caso a los estados– para la prestación de este servicio y abrió la posibilidad de que los congresos de los estados determinaran en las leyes locales que el servicio pudiera ser operado por privados. De llevarse a cabo la reforma propuesta, de inmediato provocaría una acción de inconstitucionalidad.

Lo que sí es materia de la LAN es el modelo concesional por el que se entrega el agua a los agentes privados sin más intermediario que la propia Conagua. Bajo este esquema los particulares tienen acceso a la explotación de las aguas superficiales y subterráneas de manera irrestricta hasta por 30 años con prórrogas por el mismo lapso de tiempo, pueden además transferir sus concesiones y cambiar el uso al que originalmente están destinadas.

En la iniciativa es clara la intención de no trastocar este modelo concesional y, por ende, no afectar los grandes intereses en el sector. Así, Grupo México podría seguir contaminando los ríos de Sonora sin que se le revoquen las concesiones; las mineras canadienses de Carlos Slim, Alberto Baillères y del propio Germán Larrea podrán seguir acaparando el agua en zonas de baja disponibilidad; las nuevas empresas petroleras mexicanas y extranjeras seguirán apuntando hacia el fracking; las nuevas empresas generadoras de energía eléctrica seguirán utilizando millones de metros cúbicos agua de primer uso para enfriar sus reactores y las empresas refresqueras y cerveceras seguirán concentrando las concesiones de agua en detrimento del uso público y agrícola generando severos conflictos como los que se han presentado en los tiempos recientes en Baja California y Chiapas.

No se trata de prohibir las concesiones, sino de transformar a fondo este modelo, que es la base de la privatización profunda del agua en México. De querer en verdad hacerlo, la iniciativa debió reformar cinco títulos, 18 capítulos y por lo menos 96 artículos de la LAN. Pero el senador decidió tomar un atajo estableciendo que el director de Conagua no pueda otorgar concesiones, lo cual no altera en nada el estado de cosas, ya que en la actualidad las concesiones de agua se otorgan por medio de los 13 Organismos de Cuenca establecidos a lo largo del país. Se trata, pues, de taparle el ojo al macho.

El aspecto donde la iniciativa apunta con mayor solidez es para anular la reforma foxista de 2004 por la que se estableció que privados pueden construir, operar y mantener infraestructura hidráulica federal. Muy bien, aunque resulta que en la actualidad sólo el Acueducto Independencia en Sonora trabaja bajo este esquema y –de concluirse– la polémica presa Zapotillo operaría bajo esa misma modalidad. Estos procesos no pueden revertirse pero estos cambios evitarían que infraestructura estratégica termine bajo el control de particulares. Sin embargo es tal la impericia con la que ha sido redactada esta propuesta que llega al extremo de impedir contratos y licitaciones, los cuales son necesarios para construir cualquier obra.

Con su propuesta pirotécnica el senador Batres ha incurrido en el mismo desacato en el que incurrieron los senadores y diputados de las dos anteriores legislaturas ignorando la obligación constitucional de expedir una Ley General de Aguas. No obstante, su iniciativa posee la innegable virtud de mandar un mensaje político claro y contundente en contra de la privatización del agua. Asunto relevante considerando que el mensaje proviene desde la presidencia del Senado de la República.

* Consultor político y desde 2006 asesor parlamentario especializado en materia de gestión integral del agua; como tal participó activamente tras las discusiones y redacción de la reforma que plasmó el derecho al acceso al agua y al saneamiento en nuestra Constitución.