El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México emplazó a las autoridades de la delegación Tlalpan a que a más tardar en cinco días hábiles suspendan las obras que se realizan, de manera ilegal, en el predio de la calle Rubí número 38, en la colonia Valle Escondido, para construir un conjunto habitacional de más de 400 departamentos.

Al Instituto de Vivienda (Invi), responsable de la construcción del desarrollo inmobiliario, le exige que se abstenga de realizar actuación alguna en el predio, pues de lo contrario se hará acreedor a una multa económica, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pudiera incurrir de no acatar esta resolución y continuar con los trabajos.

Lo anterior, luego de que el 4 de septiembre el predio fue invadido por integrantes del Bloque Urbano Popular (BUP) y se retomara la obra, aun cuando en uno de los accesos al terreno las autoridades delegacionales habían colocado sellos de clausura, en cumplimiento a la sentencia emitida por el TJA, que previamente invalidó el dictamen de impacto urbano para más de 400 viviendas y exigió que se emitiera uno nuevo sólo para 144 departamentos.

Ayer, el Congreso de la Ciudad de México también se pronunció al respecto al pedir al gobierno capitalino que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

La diputada de Morena Gabriela Osorio Hernández advirtió, al presentar el punto de acuerdo al pleno, que la construcción continúa en forma impune y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no ha emitido un nuevo dictamen de estudio de impacto urbano en el que se reconozca solamente la edificación de 144 viviendas.

Esta incuria por parte de las autoridades ha generado que se presenten a diario intimidaciones y hostigamiento a los vecinos por las personas que tienen prácticamente tomado el predio, generando un ambiente hostil para las familias en la zona, apuntó.

Con la adhesión de la bancada de Morena y legisladores de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, el punto de acuerdo, dirigido al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, así como al delegado de Tlalpan, Fernando Hernández Palacios, y al procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, los exhorta a aplicar medidas para impedir que continúen las actividades de construcción en el predio y restituir los sellos de suspensión en tanto no se emita el nuevo dictamen de impacto urbano.

La obra se amparó en la norma 26 para vivienda de interés social y popular con la finalidad de construir más de 400 viviendas, pese a que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México señaló en un dictamen de factibilidad de servicios sobre la incapacidad de proveer de líquido al desarrollo, y a que se exige un acceso al predio no menor a seis metros y el ancho de la vía es de apenas cuatro.