ntre las promesas de campaña, la expedición de la Ley de Salarios Máximos y los señalamientos de legisladores para que los salarios judiciales no excedan al del Presidente de la República, se gesta el primer descalabro internacional de la siguiente administración (por ser una promesa de campaña) y de las actuales legislaturas.

México está sujeto a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se pudo comprobar con lo resuelto en el caso Radilla, donde incluso se obligó a capacitar a titulares del Poder Judicial Federal en temas de Derechos Humanos. En la publicación Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia se hacen consideraciones y sugerencias opuestas a la citada Ley de Salarios y ni se diga a las promesas de campaña y de legisladores. Entre otras, México ha incumplido con fijar un porcentaje mínimo del presupuesto para la administración de justicia, además de un porcentaje del PIB; lo cual debe darse inclusive, en contextos de importantes restricciones económicas nacionales. En concordancia con el actual texto constitucional que impide la reducción de los ingresos de juzgadores, la CIDH lo señala expresamente y hace referencia a la Relatoría Especial de la ONU por evitar los bajos sueldos. La parte más destacada de tal documento es el reiterado señalamiento de la independencia de Poderes, pues el Judicial no debe estar subordinado a los restantes.

La viabilidad en la reforma Constitucional, por la mayoría partidista en ambas Cámaras y la mayoría de los congresos estatales, tendrá una contrapartida a nivel internacional en la mencionada Corte Interamericana. Bastará que uno o más jueces, magistrados o ministros acudan ante dicho Tribunal Internacional para que se confronte la actuación legislativa y se cuestione si corresponde o no a sus criterios sobradamente publicitados. La cual, necesariamente, habrá de resolver cualquier controversia bajo tales criterios. Además, deberá ser obligatorio transparentar los ingresos del Presidente de México, pues el salario nominal es una de tantas prestaciones inherentes al cargo: las partidas para transporte, vestuario, viáticos, casa habitación (la posesión de Los Pinos, habite o no la residencia oficial; o la posesión de una manzana en el Centro Histórico, Palacio Nacional, deben valuarse en millones de pesos al mes) y demás para él y su familia deberán ser expuestos para verificar si algún otro funcionario tiene similares prestaciones.

El Estado democrático al que aspira la nueva administración y sus millones de votantes, no puede eludir los compromisos internacionales de legalidad y transparencia.