or primera vez en cuatro años, una autoridad de primer nivel ha generado cierta esperanza entre los familiares y representantes de los alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Andrés Manuel López Obrador los recibió y escuchó y se comprometió a realizar acciones de gobierno, en pos de la verdad y la justicia, en cuanto tome posesión de la Presidencia de la República.

Hasta ahora ninguno de esos familiares y representantes había creído mayor cosa de lo que les pudieran decir y prometer Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y los procuradores, comisionados y demás piezas de la maquinaria acusada de encubrir las razones y los intereses que han estado detrás de lo sucedido en aquella fecha trágica. La falsedad de la atención y compromisos de Peña Nieto saltaba al oído, a la vista. Murillo Karam fue el gran mentiroso, el organizador del montaje, el dosificador de resultados.

Frente a otras tragedias que han sido crudamente expuestas ante él, las de los desaparecidos de todo el país, López Obrador ha sido claramente sensible, pero ha defendido su tesis cronológica del perdón a partir del primero de diciembre, aunque la justicia no se alcance a plenitud, o no se alcance. Él considera que las fuerzas de su gobierno deben emplearse en construir a futuro y no en desgastarse tratando de enmendar o remendar un pasado que ya no tiene salida.

En el caso de los 43 de Ayotzinapa, el compromiso es distinto: diversas instancias del Poder Ejecutivo federal convergerán en la intención de saber lo que realmente sucedió en Iguala cuatro años atrás y, desde luego, en establecer responsabilidades, tarea esta que, para ser de verdadera justicia, sabidamente habría de llegar a las máximas alturas del actual poder civil y militar y no sólo al nivel de los chivos expiatorios.

Esa batalla de López Obrador contra la corrupción, la criminalidad y la impunidad de los gobernantes anteriores a él puede entrar en una rápida situación dispareja y generar prontas decepciones si la inmensa ola votante a favor del tabasqueño no encuentra respuestas justicieras. Uno de los resortes básicos del aplastante sufragio a favor del fundador de Morena fue el deseo de que se frenaran los excesos delictivos de la clase política en turno, pero, también, que sus principales personajes fueran sometidos a procesos no de venganza, pero sí de necesaria justicia.

Sin embargo, el principal elenco de la corrupción gobernante parece sentirse a salvo, y pareciera que tiene razones para tal percepción, a menos que López Obrador fuera capaz en 2019 de generar una ruptura respecto al sistema acordado y los compromisos aceptados, como Lázaro Cárdenas la realizó con Plutarco Elías Calles (este mantenía acotado al michoacano, como jefe máximo de la Revolución Mexicana que se autodenominaba; a López Obrador lo tienen acotado los mercados, los empresarios y los arreglos políticos que le abrieron las puertas de Palacio Nacional y propiciaron la transición de terciopelo).

Por lo pronto, el jefe máximo del gobierno repudiado, Peña Nieto, está expresamente a salvo. No hay ninguna intención de buscar formas de castigo contra él: las leyes vigentes lo protegen y la realidad política de terciopelo lo cobija. ¿Podrán caer algunas figuras del actual gobierno o se mantendrá la anunciada política de considerar a los secundarios como chivos expiatorios?

Cuando López Obrador tome el poder presidencial se topará con arreglos jurídicos hechos para ayudar a amigos de Los Pinos que estuvieran en riesgo de desgracia judicial. Estafas maestras y otros temas se resolverán en niveles menores al de Rosario Robles, con su coordinador de comunicación social como ofrenda menor. Y el gran amigo del peñismo, Javier Duarte de Ochoa, podría pasar a su domicilio particular para desde ahí continuar con el proceso penal en su contra que, de origen, fue sumamente descafeinado y, a estas alturas, ya es un rico vacilón procesal con tantas pifias sembradas para favorecer al ex gobernador de Veracruz.

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