Jueves 27 de septiembre de 2018, p. 37
Xalapa, Ver., El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares vetó la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que, entre otros puntos, obligaba al Estado a asumir el déficit en el pago de pensiones, que este año fue de 2 mil 500 millones de pesos.
El mandatario panista argumentó que aplicó el veto porque la ley ‘‘pondría en grave riesgo el pago a pensionados y jubilados, las finanzas de esa institución y las del propio gobierno del estado’’.
De aplicarse la reforma, la administración estatal tendría que entregar al IPE más de 17 mil millones de pesos, y la siguiente administración (que a partir del primero de diciembre encabezará Cuitláhuac García) ‘‘tendría que entregar más de 2 mil millones adicionales a los 2 mil 400 que ya entregamos’’.
En un comunicado, señaló que su gestión termina el 30 de noviembre y ‘‘lo de menos sería firmar la ley y publicarla, pero eso representaría dejar a las siguientes administraciones una carga adicional.
‘‘El IPE tiene 100 mil afiliados y más o menos 30 mil jubilados y pensionados, pero somos 8 millones 200 mil veracruzanos y necesitamos que el gobierno tenga recursos suficientes’’, subrayó.
En tanto, la representante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda, dijo que ya esperaban el veto a la ley. ‘‘Es una reforma incompleta. Tiene algunos aspectos positivos, pero se queda corta’’.
Recordó que la Copipev busca que se otorgue autonomía al IPE. Por ello, en mayo pasado presentaron al Congreso de Veracruz una iniciativa popular respaldada por más de 14 mil firmas.
‘‘Solicitamos la autonomía constitucional para refundar el IPE, cambiar su estructura y alejarlo de la órbita del Ejecutivo’’, planteó Chávez Tejeda.
A los miembros de la Copipev les preocupan las recientes declaraciones de Yunes Linares, quien advirtió que diciembre será un mes ‘‘complicado’’ para las finanzas estatales y que el nuevo gobierno podría verse obligado a contratar un crédito o pedir un adelanto de participaciones para pagar aguinaldos.
‘‘Es grave que el gobernador diga que él es responsable de los pagos hasta el 30 de noviembre, cuando el presupuesto aprobado abarca hasta el 31 de diciembre. Falta un mes. ¿Qué pasó con ese dinero?’’
Chávez agregó que el mandatario crea incertidumbre entre los pensionados, quienes ‘‘no quieren pasar otra Navidad protestando en las calles’’, como ocurrió en el penúltimo año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.