Los gobiernos estatales y municipales son los mayores compradores de comprobantes fiscales emitidos por empresas inexistentes, una práctica ilegal llevada a cabo para justificar obras inconclusas o desviar recursos presupuestales, y para evadir impuestos en el caso de las personas físicas y morales. El daño para la hacienda pública debido al uso de estos esquemas es equivalente a 6 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras asciende a 750 mil millones de pesos, dieron a conocer la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Ambas instancias, presentaron una propuesta para reformar la Ley Fiscal y el Código Penal Federal para instaurar penas de cárcel de dos a 10 años, a quien incurra en ese delito.

El sector público adquirió entre 50 y 70 por ciento del total de las facturas falsas detectadas en los recientes años, con la finalidad distraer recursos públicos, dijo Ricardo Cervantes Vargas, abogado fiscalista integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, durante el foro Corrupción y empresas fantasmas: propuesta de reforma legal para su combate eficaz.

Ese porcentaje es un cálculo con base en lo que se ha detectado durante las investigaciones sobre desvíos de recursos en entidades federativas, agregó Cervantes Vargas.

El foro fue convocado por la Prodecon y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para discutir una iniciativa de ley que erradique la comercialización de comprobantes fiscales emitidos por empresas fantasmas.

La propuesta será planteada por Morena para que sea aprobada antes del 15 de diciembre, fecha límite para que la Cámara acuerde el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación.

En el foro, Arturo Carvajal, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de la Ciudad de México, aseguró que la comercialización de facturas apócrifas genera un daño a la hacienda pública equivalente a 6 por ciento del PIB. El mes pasado, la Prodecon calculó que el fisco deja de recibir unos 2 billones de pesos cada año debido al uso de facturas falsas de empresas, lo que equivale a 70 por ciento de la recaudación total.

La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, indicó que la iniciativa está abierta a las opiniones de los contribuyentes y contendrá medidas para erradicar las prácticas ilegales en el sector público.

En una propuesta contra las empresas que simulan operaciones, la Prodecon planteó que la compra de facturas apócrifas sea tipificada como delincuencia organizada –lo que implicaría prisión preventiva– y la retención de dos terceras partes del impuesto al valor agregado (IVA) que se cause cuando se paguen servicios independientes prestados por personas físicas o morales.

Jorge Covarrubias Bravo, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, dijo que la comercialización de estos documentos no ha podido ser controlada por la administración federal y criticó que hay disposiciones legales actuales que ni siquiera han entrado en vigor. La propuesta de la Prodecon, dijo el especialista, es tan eficaz que, si se aprueba, la práctica será totalmente eliminada.

En tanto, Alejandro Marín Contreras, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Jalisco, indicó que la Ciudad de México y Jalisco registran los mayores volúmenes de comercialización de facturas falsas.

Sexenio de las empresas fantasmas

El diputado por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será recordado como el sexenio de las facturas falsas, por la gran demanda de facturación ilegal, principalmente en el sector público.

(Con información de Enrique Méndez y Roberto Garduño)