Trabajadores de la delegación Coyoacán manifestaron su respaldo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anuló la elección de alcalde, en la que había resultado triunfador el candidato de la coalición Por la CDMX al Frente, Manuel Negrete.

En un comunicado que difundieron en redes sociales señalan que ellos también sufrieron el embate de la corrupción, al ser obligados a votar por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para tener su base laboral e incluso se les retuvo, en varias ocasiones, el pago de sus salarios, por lo que apoyan que se efectúen nuevas elecciones “con transparencia, justicia y legalidad.

Somos testigos de la corrupción con que se manejaron las administraciones de Mauricio Toledo y Valentín Maldonado. Somos testigos del uso y desvío de los recursos públicos y de los programas sociales para la compra de votos, expusieron los inconformes.

A pesar de que fueron condicionados y amenazados para votar por el partido del sol azteca, denunciaron que no se les ha dado certeza laboral y jurídica sobre las plazas otorgadas, por lo que exigieron que se les entregue el nombramiento que los acredita como trabajadores de base del Gobierno de la Ciudad de México.

También demandaron que cese la violencia en contra de un grupo de trabajadoras que el viernes pasado se manifestó de manera pacífica frente a la sede delegacional para solicitar el pago de un apoyo a madres, que desde mayo se les adeuda.

Por separado, el consejero electoral capitalino Mauricio Huesca rectificó sus propias declaraciones sobre que no habría periodo de campaña para la posible elección de nuevo alcalde en Coyoacán, sino sólo jornada electoral.

Sí habrá campañas: IECM

Al término del foro Digitalización de la democracia: herramientas informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, Huesca aclaró que en caso de que se ratifique la nulidad de la elección, sí tendrían que llevarse a cabo las campañas electorales previas a la elección, ya que justo fue en esta parte en la que se violó el principio de equidad, de acuerdo con la sentencia del tribunal electoral federal.

Huesca detalló que se analizarán los pasos a seguir para determinar si el Instituto Electoral de la Ciudad de México necesita una ampliación de su presupuesto para llevar a cabo este proceso electoral y las campañas correspondientes.

Sin embargo, dijo que aún no se define su duración, ya que el periodo ordinario son 60 días, pero que en este caso aún no se determina cuantos días durarían las campañas ni el financiamiento que requerirían los partidos.