En la Costa Grande de Guerrero las órdenes de trabajo para los periodistas no las da el jefe de información. Desde hace unos años, quienes deciden qué y cómo se publica son los cárteles. El reportero que no sigue esa línea editorial está en riesgo. Lo mejor es huir, dejarlo todo.

Desde hace más de 13 años Omar colaboraba en varios medios de la región. Su principal fuente de información era la nota roja: reporteaba y cubría hechos en Petatlán y Zihuatanejo; sin embargo, hace poco más de un año tuvo que abandonarlo todo. Una bala tenía mi nombre.

Su vida peligraba porque una banda del crimen organizado lo presionó para que publicara fotografías e información sobre unas narcofosas, a lo que él se negó.

En entrevista, el reportero, quien reserva sus apellidos por seguridad, narra que desde siempre supo que era riesgoso trabajar en la Costa Grande, donde cárteles como el de los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, los Granados (banda local) y otros han peleado por años la plaza.

Lo soportó todo ese tiempo. En 2007 el propio Arturo Beltrán Ley-va nos leyó la cartilla. Cuatro años después recibió una llamada de un líder de sicarios de Los Caballeros Templarios, quien le exigió no publicar unas fotos donde aparecía su esposa. No le creí y le contesté de manera altanera. Una hora después supe que realmente era él: Lorenzo Mercado (ya lo mataron), y tuve que pedirle la más humillante de las disculpas. No publiqué la nota y entonces empezó la autocensura.

Colaboraba en ABC de Zihuatanejo. Hace poco un grupo criminal lo levantó porque se publicó información distinta a la que ellos querían. Lo llevaron a un alejado páramo, lo arrodillaron y le pusieron un arma larga sobre la cabeza. Suplicó por su vida. Le enseñaron la publicación y entonces lo entendió: en la mesa de redacción se hicieron cambios a la nota. Intentó explicarles y propuso ir a un cibercafé para comprobar que el sentido que había dado a la información era otro. Accedieron y salvó su vida.

Pero a partir de 2016 las cosas empeoraron. Dos cárteles –cuyos nombres prefiere omitir por seguridad– pelean la plaza. Uno opera en Zihuatanejo, el otro en Petatlán. “Los reporteros trabajamos entre dos posiciones. Un grupo me exigió publicar sobre las narcofosas. El otro que no lo hiciera. A los primeros les dije que no podía hacerlo porque no tenía la versión oficial. En principio lo entendieron, pero alguien les contó que el otro cártel me había amenazado para no difundirlo. Entonces decidí huir”.

Era 19 de agosto de 2017 cuando lo dejó todo, incluso a su esposa e hijas, de 14 y 9 años. Perdió el trabajo y sus contactos. Hoy es beneficiario del mecanismo de protección a periodistas, que para él ha hecho diferencia, a pesar de que sólo le ofrece un refugio, gastos para alimentación y un botón de pánico. Si quiero unos tenis, esos salen de mi dinero. Se me han ido todos los ahorros, aquí no hay trabajo para periodistas, pero estoy vivo y eso es lo más importante.

Confía en que el mecanismo subsista a pesar del presupuesto limitado en las que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo ha puesto. Para muchos ha sido la diferencia, pese a todas las limitaciones que pudiera tener, que son corregibles.