La Secretaría de la Función Pública (SFP) prepara nuevas sanciones contra la empresa brasileña Odebrecht y un servidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, verifica la evolución patrimonial de 14 directivos de la empresa.

En entrevista, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, titular de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, adelantó que uno de los procesos de responsabilidad que están en curso es resultado de que Odebrecht presentó un permiso falso para el contrato Tula ll, que debió haber sido expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por otra parte, hay un procedimiento de responsabilidad que tiene que ver con el contrato en contra de un funcionario de Pemex que no aplicó una pena de 8.3 millones de pesos a Odebrecht.

Ramírez Gutiérrez señaló que otra investigación en proceso es por el contrato Tula uno, en la cual se detectó que la empresa brasileña cobró indebidamente 20 millones de pesos por financiamiento.

El funcionario sostuvo que la SFP ha agotado prácticamente toda la pesquisa por lo que respecta al ámbito de su competencia, que tiene que ver con lo administrativo.

Nada contra Lozoya

En ese sentido, puntualizó que tras la indagatoria no se puede relacionar al ex director de Pemex Emilio Lozoya con alguna responsabilidad; no obstante, por lo que respecta al delito de cohecho, eso es competencia del Ministerio Público de la Federación, es decir, de la Procuraduría General de la República.

“El supuesto soborno tiene tres aristas: la parte penal, el posible cohecho, que investiga el Ministerio Público Federal; la contractual, que es Pemex, y la de los procedimientos de contratación y ejecución de los contratos, que es competencia de la SFP.

Nosotros jamás investigamos el soborno. No es competencia nuestra. Nos fuimos a la ejecución de los contratos, y ese es el resultado de nuestras pesquisas. México es el primer país que inhabilita a la empresa brasileña. No hay otro, subrayó.

Explicó que cuando se dieron a conocer los supuestos sobornos de Odebrecht en varios países, entre ellos México, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no contemplaba investigar el cohecho, sino que era una conducta indagada en el ámbito penal. Fue el 19 de julio de 2017 cuando entró en vigor, cuando la SFP pudo investigar esa conducta, pero no es aplicable de manera retroactiva.

El 22 de diciembre de 2016 la SFP comenzó una auditoría transversal en toda la administración pública federal para identificar a las filiales de la empresa. Fueron 21 de Odebrecht. Se revisaron sus contratos, los procesos de licitación, para saber si se había apegado a derecho y la ejecución de los mismos para conocer si había incumplimientos.

“Concluimos pagos en exceso en favor de la compañía brasileña y sus filiales. Como resultado al día de hoy, la SFP ha emitido ocho resoluciones sancionatorias, cuatro contra las filiales, dos contra sus representantes legales y dos contra un servidor público de Pemex, que es quien autorizó los pagos –que se suman a los nuevos procedimientos–”, comentó.

En suma, las sanciones económicas a Odebrecht alcanza mil 86 millones de pesos y la inhabilitación para participar en procesos de licitación es por 11 años y dos meses.

Para garantizar el pago se solicitó al SAT que pidiera a Pemex detener los pagos en favor de la empresa brasileña, para de ahí recuperar el dinero, es decir, están congelados los pagos pendientes a Odebrecht.

Sin embargo, reconoció que las cuatro sanciones no están firmes, ya que Odebrecht las impugnó, pero quiero destacar que una ya se resolvió y vamos ganando; espero que los órganos jurisdiccionales nos den la razón en los otros tres amparos y que sigan la misma suerte.

Aseguró que dejarán listos los nuevos procedimientos para que el siguiente gobierno pueda aplicar las sanciones correspondientes.