Desde hoy y para siempre, las puertas de nuestra casa estarán abiertas. Con esta frase, el sacerdote acusado de pederastia, Pedro Gutiérrez Farías, alias Papi, reabrió el albergue de la Ciudad de los Niños cerrado por denuncias de abuso sexual, tráfico de menores y adopciones ilegales de al menos 170 niños registrados a su nombre y al de una monja.

Luego de dos décadas de denuncias, en julio del año pasado La Jornada publicó una serie de reportajes de investigación sobre este albergue ubicado en Salamanca, Guanajuato, que fue intervenido por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Presuntas adopciones ilegales favorecieron a políticos de alto nivel con la complicidad de funcionarios del Registro Civil y el DIF de ese estado se hizo cargo del lugar con 69 menores, de los cuales, 33 aún siguen bajo su responsabilidad y el resto fue ubicado en otros albergues o devueltos a sus familias.

Este caso se destapó luego de la sentencia de amparo 475/2016-8 de la juez federal del juzgado noveno de distrito en Irapuato, Karla Macías Lovera, por el caso de una menor a la que el sacerdote Gutiérrez Farías pretendía mantener en el albergue contra la voluntad de la madre. La juez documentó los testimonios de niños y configuró 13 presuntos delitos, incluido el de tráfico de menores con fines de adopción ilegal, recursos de procedencia ilícita y desaparición. Y fueron abiertas ocho carpetas de investigación.

El sacerdote que opera seis albergues infantiles huyó de Guanajuato y las autoridades nunca lo detuvieron ni lo vincularon a proceso. El gobernador panista Miguel Márquez lo defendió desde el inicio y a pesar de que el 10 de agosto del año pasado declaró que el albergue sería definitivamente cerrado, ahora es quien ha permitido su reapertura bajo la dirección del mismo cura, con el apoyo del secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, el procurador Carlos Zamarripa, la presidenta del DIF, Maru Carreño, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra.

Es una burla

Ante la impunidad que cubre al sacerdote y la complicidad de autoridades federales y estatales, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los niños.

Regresarle el albergue es una burla al estado de derecho. La sonrisa de este sacerdote es como la sonrisa de Javier Duarte, porque se está burlando de la ley, porque sabe que tiene información y vínculos de alto nivel y si cae él, caerían otros.

Añade: En esta región los albergues como el de Mamá Rosa forman parte de un entramado de corrupción vinculada a altos funcionarios de estos estados, de políticos de renombre y de grupos criminales. Este caso ha dejado en evidencia la fragilidad del Estado mexicano para proteger a sus niños, particularmente los más vulnerables que terminan en estos albergues sin supervisión.

Pérez García considera como actor principal de la protección al sacerdote al gobernador panista Márquez Márquez: El gobernador se llevará toda su trayectoria política en este caso, la mancha de la Ciudad de los Niños y su nivel de complicidad que alcanzó al secretario de Gobierno, al propio procurador, y resulta increíble que con todo lo documentado no se hiciera nada.

Los testimonios que fueron recabados por autoridades y periodistas daban cuenta del horror que los menores vivían en el albergue donde la mecánica del abuso sexual consistía en jugar al papá y a la mamá, con la intervención del sacerdote a quien señalaban como Papi, el cuidador Leandro Martín Bermúdez Armenta, y las monjas llamadas Mami, Hortensia Jiménez Cruz, Xóchitl Chávez Sánchez y Esmeralda de Jesús Suárez Bertury.

Entre los horrores narrados por los menores están los casos documentados de varias niñas embarazadas que desaparecieron con sus bebés. Esto es similar al escándalo del albergue dirigido por Mamá Rosa, quien fue denunciada e investigada, pero murió impune y con su casa hogar operando nuevamente.

Al tomar los testimonios, algunos menores señalaron que fueron amenazados por el sacerdote para no declarar ante las autoridades: Fueron amenazados de muerte y quienes se dedicaron a investigar fueron también amenazados de ser denunciados por difamación y calumnias, dice Pérez García.

Fuero clerical

El sacerdote Gutiérrez Farías fue también protegido por las autoridades eclesiásticas que guardaron un silencio ominoso. En lugar de abrir un proceso canónico para reducir al estado laical al cura denunciado, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, lo defendió y se concretó a señalar que asumirían el castigo civil en caso de ser culpable.

El director de Redim añade: El fuero clerical está vigente y es muy fuerte. Tenemos un estado de derecho muy dócil ante los casos de pederastia clerical que sacrifica a sus niños en aras de intereses políticos y económicos de alto nivel.

Añade: Es muy claro que hubo un acuerdo político entre la Federación y el gobierno de Guanajuato. Los propios intereses de ambas partes coincidieron en proteger al fuero clerical. La evidencia es que la PGR no investigó nada, pese a que tenían bastantes evidencias para poder aplicar el delito de trata. El gobernador Márquez Márquez el mismo día que regresó las instalaciones del albergue volvió a defender al sacerdote.

Los seguidores del cura abrieron una página en Facebook para expresar su apoyo: Si no fuera por ti estaría en la calle, Eres mi súper héroe, “Ánimo Papito estamos contigo”, son frases colocadas en una pancarta.

En fotografías publicadas, el sacerdote aparece nuevamente en el albergue rodeado de niños y oficiando misa. Juan Martín Pérez García, alerta: El sacerdote pide que le regresen a los niños como si fueran animalitos o cosas. Se permitió que quedara en total impunidad a pesar de ser una red criminal de alto nivel. Exigimos que se le investigue y procese. Esto debería ser una alarma nacional, pero no lo es. Es muy grave.