Domingo 23 de septiembre de 2018, p. 6
México se está convirtiendo nuevamente en país de asilo, manifestó Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al repasar cifras oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
De enero a junio de este año la Comar registró 9 mil 790 solicitudes de refugio, de las cuales, 45 por ciento son de personas que provienen de Honduras, Venezuela (25 por ciento), El Salvador (22), Guatemala (4); Nicaragua (1), y de otras nacionalidades (3).
No hay sorpresas reales para quien sigue los acontecimientos de la zona
, tuiteó el representante.
Manly expuso que el número de solicitantes de asilo en México ha crecido desde 2011. Se requieren más pasos para garantizar que la creciente cantidad de personas que huyen de la violencia y la persecución reciban protección y asistencia
, consideró.
De acuerdo con la Comar, el país recibió 2 mil 137 peticiones en 2014; en 2015, 3 mil 424; en 2016 fueron 8 mil 788, y en 2017, 14 mil 596. Un aumento de 66 por ciento entre 2016 y el año pasado.
Frente a tales aumentos, ha recomendado que, entre otros aspectos, se ajuste la política migratoria y de protección a refugiados en México con el fin de respetar plenamente las obligaciones en materia de derechos humanos y protección internacional adquiridas por el país.
En un documento, el Acnur destaca que México cuenta con una Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que requiere una revisión para enfrentar la realidad y estar en conformidad con los estándares internacionales y con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de la cual es Estado parte.
Acnur destaca los avances que el país ha tenido en protección de personas refugiadas, aunque, señala, es necesario hacer más para garantizar su plena protección. Así, propone fortalecer a la Comar; observar plenamente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; reforzar la la identificación de personas con necesidades de protección internacional; no privar de la libertad a personas con necesidades de protección internacional, reformando la legislación aplicable; impulsar la asistencia humanitaria e integración local de personas refugiadas y dinamizar a las comunidades de acogida en el sur del país.
