El robo de gas doméstico de tomas clandestinas y pipas avanza sin freno, lo que representa una verdadera bomba de tiempo para los consumidores y la industria, ya que ese delito ha provocado una pérdida de mercado de 8 por ciento para los distribuidores, una disminución tributaria en la misma proporción para el gobierno federal, el cierre de 17 rutas y la presencia de cientos de vendedores ilegales, los cuales llevan a cabo 2 millones 300 mil servicios al mes en autotanques hechizos, que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad.

Jaime Ayala, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Gas (Amexgas), explicó que el robo ha sido estimado en mil 100 millones de pesos mensuales. Setenta por ciento, aseguró, es daño a Petróleos Mexicanos (Pemex), 770 millones de pesos, y 330 millones a gaseros.

En el llamado Triángulo Rojo, conformado por Veracruz, Tlaxcala y Puebla, eso equivale a 23 mil toneladas métricas al mes. A escala nacional, 58 mil toneladas son robadas a Pemex o a distribuidores. Ese gas entra al mercado y se vuelve en 2 millones 320 mil servicios al mes, que son atendidos por esa gente. Ocho por ciento del mercado en condiciones inseguras. Por eso los consumidores tiene que entender que es un peligro comprar el gas ilegal.

En mayo pasado, detalló, algunos asociados perdieron ventas por 40 millones de pesos. En agosto fueron 62 millones, sólo de gas LP. Ello, más las pipas hurtadas.

Puntualizó que los distribuidores han perdido 8 por ciento del mercado y han dejado de ingresar impuestos a la hacienda pública en la misma proporción, pero las autoridades atribuyen la baja de recursos al menor consumo de combustible por el alza de precios.

En el último año los distribuidores que operan en el Triángulo Rojo han cerrado 17 rutas, lo que representaría una pérdida de 7 mil empleos, mismos que han mantenido con vías alternas en otras zonas del país, pero si las autoridades no logran mitigar la acción de los criminales para finales de año, se cancelarán otras 17, ahora sí con la pérdida de al menos 7 mil trabajos directos y 25 mil indirectos.

La respuesta de las autoridades ha sido la sobrerregulación para los distribuidores legalmente establecidos e ignorar denuncias sobre pipas y marcas no registradas, señaló Ayala, quien explicó cómo los delincuentes se han incorporado al mercado ante la mirada complaciente de las autoridades, a pesar de que la vida y el trabajo de miles está en riesgo.

Detalló que el conflicto se hizo más visible en 2010, cuando se detectaron 27 tomas clandestinas de gas. Después fueron 40. Luego, entre 2017 y 2018, se reportaron mil 400, sólo en Puebla.

Los delincuentes saltaron al ducto de al lado cuando la gasolina se empezó a transportar por otras vías y ya no fue tan atractivo picar sólo ductos, declaró.

Esos ductos representan la principal fuente de abasto para la delincuencia en el Triángulo Rojo, debido a que si perforan una tubería, entre que sube el combustible a la sierra y luego baja al valle para llegar a la zona centro, tienen mil kilómetros de ventaja en lo que los sistemas de seguridad reportan lo que ocurrió y cierran las válvulas de suministro.

Manifestó que el robo de gas ha mutado. Pasó de abrirse tomas clandestinas al robo de pipas en zonas alejadas. Luego en zonas residenciales con altos controles de seguridad, como el fraccionamiento Angelópolis, ubicado en Puebla, donde para entrar y salir hay que pasar cuatro controles de seguridad.

Cuando los distribuidores de Puebla creían que ya habían tocado fondo, comenzaron los robos de pipas en plena ciudad y en zonas residenciales.

La Amexgas tiene documentado el hurto de 200 pipas en diversas partes del país. Sólo en 2017, 70 fueron robadas en el Triángulo Rojo, 35 por ciento del total. Eso es muy grave y significa que ahí empezó a esparcirse el cáncer.

Explicó que esos vehículos son desmantelados y los transforman en talleres. Les borran el logotipo original de la empresa, los ponen a la venta y los usan para distribuir gas. Destacó que también fabrican pipas de una sola cubierta, que no cumplen los niveles de seguridad requeridos, y así realizan casi 3 millones de servicios al mes.

Al principio, si el litro de gas estaba en 10 pesos, ellos lo vendían en cinco. Ahora ya lo dan al precio de los distribuidores legales. La gente les compraba, porque creía que se ahorraba. No medía el riesgo que corría, dijo Ayala.

Aseguró que los distribuidores ilegales entran a los domicilios, pero si la operación no está bien efectuada, prenden el celular y hay una chispa, van a explotar.

También existe el riesgo de que esas pipas exploten cuando circulan. Una unidad original cuesta alrededor de un millón de pesos. Ellos las venden en 300 mil, y si provocan un accidente simplemente lo niegan y adquieren otra, señaló.

Subrayó que han documentado ante las autoridades más de 45 marcas irregulares, pero éstas los han ignorado porque se concentran en la regulación.

La autoridad está en un asunto de ceguera. Dice que como el precio del gas va para arriba, el consumo va hacia abajo. La verdad es que no. Ellos están viendo una caída en el consumo. Lo que nosotros ya no declaramos como ventas, el dinero que el gobierno ha dejado de ver, es lo que está vendiendo la parte ilegal.

Jaime Ayala señaló que en la industria hay 400 distribuidores que mantienen 160 mil empleos directos, y que la actividad genera 500 mil indirectos.