Los ordenamientos de protección civil del país tienen escaso nivel de avance en la armonización con la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, lo cual hace que las leyes sean omisas en materia de derecho a la igualdad y la no discriminación, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante la presentación de la guía No dejemos a nadie atrás, relacionada con la atención a personas con discapacidad en situaciones de emergencia, el primer visitador general del organismo, Ismael Eslava, recordó que en el artículo 11 de la mencionada convención se señalan las obligaciones de los gobiernos para atender a este sector vulnerable en casos de desastre.

Pese a que México firmó en 2007 ese tratado, hasta el momento sólo ha concluido 30 por ciento de la armonización de sus leyes internas, lo que perjudica directamente los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad.

De forma general, la ley considera los derechos a la vida en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, protección de la integridad personal y acceso a la información, pero es omisa al no incluir disposición alguna referente al derecho a la igualdad y la no discriminación, normas sobre niñas y niños con discapacidad y accesibilidad, indicó Eslava.

Al preguntarle al término de la presentación del texto si la falta de armonización de las leyes mexicanas indica cierto desdén hacia el tema, el funcionario se negó a calificarlo de esa manera, pero admitió que sigue faltando mucha conciencia entre autoridades y ciudadanos sobre el tema de la discapacidad.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que el país debe aprender la lección que le dejaron los sismos de septiembre de 2017 en lo que se refiere a la importancia de contar con protocolos y normas de evacuación de las personas con discapacidad.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, llamó a que las convenciones internacionales en materia de discapacidad no se queden únicamente en el plano teórico, sino que se lleven a la práctica de manera efectiva, con un enfoque que empodere a los ciudadanos.