Denuncian granja irregular y la Profepa clausura cenotes
mpresarios amparados por el gobierno de Yucatán están aprovechando este periodo de transición para finiquitar, a partir de la fuerza y la represión, sus megaproyectos de muerte. Es el caso de la granja de cerdos sobre los cenotes sagrados de la comunidad maya de Homún, donde este viernes la población organizó la clausura simbólica de este proyecto cuya operación estaba suspendida debido a las graves implicaciones ambientales, sociales y culturales que tendrá sobre la región.
La respuesta a la legítima movilización de los mayas fue el arribo de decenas de camionetas de la policía estatal junto con representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes en lugar de clausurar la granja que empezó a recibir ya a los 49 mil puercos,se pusieron a colocar sellos de clausura nada menos que en los cenotes.
La construcción de la granja está casi terminada, pero las protestas y el proceso jurídico que lleva a cabo la comunidad había logrado parar el arribo de los cerdos, pues su producción industrial contaminará inevitablemente la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, de la cual se extrae 42 por ciento del agua que se aprovecha en el estado y 19 por ciento del total en la península de Yucatán, por lo que se pone en riesgo la salud de mi-les de personas y de la flora y la fauna de la región.
La megagranja está a nombre de Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), empresa que pertenece a los dueños de Grupo Sipse, y está conformada por 14 socios, quienes durante más de un año han realizado to-da clase de trampas para divi-dir a la comunidad e imponer su proyecto.
La asociación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes), no sólo defiende los más de 300 cenotes (16 de los cuales están abiertos al turismo), también emprendió la batalla jurídica desde hace más de un año con el apoyo del Equipo Indignación. Son tres amparos en espera en resolución contra el manifiesto de impacto ambiental, por violación a su libre determinación y por no haberse realizado la consulta a la que tienen derecho como comunidad indígena.
