Las instituciones nacionales derechos humanos de la Américva Latina tienen que ser contrapeso de sus gobiernos, pero a la vez deben observar que se aplique una política migratoria con perspectiva humanitaria, pues ese sector con frecuencia es víctima de rechazo e indiferencia, discriminación y xenofobia, manifestó el ombudsman mexicano, Raúl González Pérez.

En Quito, Ecuador, al participar en la conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de la región andina y de Brasil, en la que dieron a conocer la declaración conjunta sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humana, Gonzálea Pérez afirmó que estas instituciones deben ejecutar acciones en favor de quienes, por causas asociadas a la violencia, inseguridad y pobreza, han dejado sus lugares de origen y se encuentran en contexto de movilidad, así como en la defensa de su dignidad.

Protección a venezolanos

En el documento, los ombudsman de la región se pronuncian por que los Estados de la zona faciliten los procesos de ingreso y regularización migratoria de las personas venezolanas en contexto migratorio, así como respetar sus derechos de asilo y refugio, además de que puedan acceder a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos y eficaces, con respeto a los instrumentos internacionales en la materia.

Solicitan a los gobiernos de la región respetar las acciones que emprendan las instituciones para promover y proteger los derechos fundamentales de esas personas, así como ajustar el diseño y puesta en marcha de sus normas internas y política migratoria con base en los convenios y tratados ratificados en materia de movilidad humana, asilo, refugio, apatridia, trata y tráfico de migrantes.

Llaman a considerar la diversidad poblacional de flujo migratorio de Venezuela para adoptar medidas de protección específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, en particular los no acompañados, personas mayores y con discapacidad, mujeres, grupos étnicos u otros que puedan presentar condiciones de vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

Los ombudsman proponen adoptar medidas eficaces para prevenir que los migrantes venezolanos sean víctimas de trata y tráfico de personas, así como lograr la identificación de quienes ya han sido víctimas, garantizar su protección y atención, además de evitarles medidas restrictivas o de criminalización de la movilidad con fundamento en la prevención, investigación y sanción de esos delitos.