oce años después, Andrés Manuel López Obrador reiteró la condena histórica a Felipe Calderón Hinojosa: llegado al poder en 2006 mediante un fraude electoral (apenas una diferencia oficial de medio punto porcentual), buscó legitimidad por la vía de la guerra contra el narcotráfico, lo cual abrió la puerta a la violencia creciente y salvaje que se ha vivido en México.

Pegarle a lo tonto un garrotazo al avispero del crimen organizado generó una gran violencia, dijo el tabasqueño al referirse al caso de los tráileres cargados con cadáveres que han sido descubiertos en Jalisco. Aun en su etapa de amor y paz, tan llena de altibajos, AMLO ha recordado la grave responsabilidad del (todavía) panista michoacano en la descomposición profunda del país.

Habrá de verse si, a partir de la toma del poder presidencial, López Obrador logra dar un giro positivo y suficientemente amplio al problema heredado. Por lo pronto, ha ido modificando sus posturas originales respecto de la participación de las fuerzas armadas en esa misma guerra, iniciada por Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y, por lo que se ha anunciado hasta ahora (en una maraña de declaraciones y posturas entre distintos declarantes del obradorismo, incluyendo al jefe máximo), reiterada, así fuera con mejores o distintas intenciones.

Del rechazo a la presencia de soldados y marinos en las calles, y el señalamiento de las violaciones a los derechos humanos que esa presencia conlleva, López Obrador ha pasado a aceptar su inevitabilidad a corto y mediano plazos, con diagnósticos de fallas policiacas y urgencias de orden que en lo básico coinciden con los planteamientos de Calderón y Peña Nieto, aunque ahora se esboce la tesis de ayudas económicas, desarrollo social y amnistías jurídicas que resten base social al imparable dominio práctico del crimen organizado.

El abrumador dominio aritmético de Morena en las cámaras legislativas propició ayer que en el Senado se tomara la decisión unilateral de recortar el tiempo disponible para que los senadores presenten iniciativas (de 10 minutos, dispondrán ahora de cinco) y fijen posicionamientos (de dos minutos, a uno).

Nada perderá la nación, en términos de reloj, con ese ahorro, pues las discusiones y alocuciones en las cámaras han estado predestinadas al sordo imperio de las mayorías en turno. Más ahora, cuando los números de Morena y sus aliados les dan para hacer virtualmente lo que deseen. Bien podrían reducirse las sesiones, en términos extremadamente pragmáticos, a meras confirmaciones, casi instantáneas, de que la mayoría de los votos habrán de aprobar determinados proyectos, digan lo que digan y hagan lo que hagan los opositores.

Bienvenidos a la oposición, dijo con humor negro Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ante las protestas de las nuevas minorías, sobre todo del PRI y el PAN, que aprovecharon la ocasión para montar un espectáculo de disenso, con tiras de papel cubriendo las bocas de quienes afirmaron, con exageración propia de la farándula política practicada en esencia por todos los partidos, ser víctimas de una ley mordaza.

La decisión, anunciada por Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, hace temer a la menguada oposición sin brújula que similares imposiciones unilaterales degraden el ejercicio legislativo. No sería sano, para las pretensiones de apariencias democráticas en el Poder Legislativo, el aplastamiento de los opositores por la vía numérica, aunque esa exclusión ha sido históricamente practicada por los partidos que ahora se quejan clamorosamente de la situación a la que las urnas les redujo.

López Obrador ha anunciado que dormirá en Palacio Nacional en un espacio reducido, pues solamente necesita acomodar su catre y una hamaca. Tal austeridad inmobiliaria iniciará después de que su hijo menor termine la primaria y puedan cambiar de domicilio.

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