iles de guatemaltecos de todos los sectores sociales –especialmente campesinos, indígenas, universitarios y religiosos– tomaron ayer las calles de varias ciudades para exigirle al presidente, Jimmy Morales, que dé marcha atrás en su decisión de prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una medida adoptada por el mandatario el pasado 31 de agosto debido a que esa instancia de las Naciones Unidas demandó el antejuicio (desafuero) del propio Morales para que sea juzgado por financiamiento electoral ilícito. Ese día, el presidente anunció, además, que pondría fin a la presencia de la Cicig, a la que acusó de extralimitarse y violar las leyes locales.
Las determinaciones de Morales –quien las difundió en un mensaje en el que se hizo rodear de militares uniformados, al tiempo que ordenaba el desplazamiento de vehículos castrenses para rondar la sede de la comisión– fueron objeto de un inmediato repudio social que se ha sostenido hasta ahora. Y es que para la mayoría de la sociedad guatemalteca la misión judicial internacional ha significado un freno efectivo a los excesos y trapacerías de la clase política y una intervención en contra de la impunidad imperante. Ya en 2015 la actuación de la Cicig fue decisiva en el desafuero, el juicio y el encarcelamiento de Otto Pérez Molina, antecesor de Morales, por asociación ilícita, cohecho y defraudación aduanera, un caso que sentó precedente en el país.
En la situación actual, la Corte de Constitucionalidad anuló unos días más tarde la prohibición al comisionado Velásquez y avaló el trámite de antejuicio de Morales, el cual se encuentra ahora en el Congreso.
A primera vista podría parecer que el ciclo se repite y que el gobernante se acerca a un callejón sin salida, atrapado entre la determinación de la instancia internacional de justicia –cuya presencia en la nación centroamericana se basa en un acuerdo establecido hace más de 10 años entre la ONU y los poderes Ejecutivo y Legislativo guatemaltecos– y el creciente repudio popular. Pero hay una diferencia importante entre lo sucedido hace tres años y la circunstancia presente: aquella vez el gobierno de Estados Unidos respaldó con determinación la tarea de Iván Velásquez y en esta ocasión la administración de Donald Trump ha exhibido una actitud contradictoria y zigzagueante. Dada la aplastante influencia de Washington en los asuntos de Guatemala, esa diferencia podría significar para Morales una tabla de salvación.
Lo cierto es que, a año y medio de concluir su gestión, Morales debe sumar a sus problemas legales un desgaste político acelerado y un rechazo ciudadano creciente y por lo que no puede darse por descartada su eventual separación anticipada del cargo.
