Madrid. Alrededor de 2 mil personas se manifestaron en las calles de Barcelona para exigir el fin de la represión y la liberación de los presos políticos. Las protestas se organizaron al cumplirse un año de las movilizaciones que marcaron el punto de inflexión para el desarrollo del proceso soberanista catalán y, sobre todo, para el posterior proceso judicial contra sus líderes.

El 20-S fue el día que los secesionistas intentaron impedir que una delegación judicial incautara documentos de la Consejería (Ministerio) de Economía del gobierno catalán, entonces presidido por Carles Puigdemont, actualmente refugiado en Bélgica y acusado de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

En concreto, la Guardia Civil estaba realizando registros por orden judicial para detener los preparativos del referendo independentista que se celebraría el 1º de octubre.

Hace un año decenas de miles de personas se concentraron afuera de la Consejería de Economía, un coche de la Guardia Civil fue vandalizado y, según la versión de las autoridades, la gente agolpada afuera del edificio impidió la actuación de los agentes.

Según los jueces instructores de la causa contra los supuestos delitos del independentismo catalán, la concentración tenía por objetivo impedir el cumplimiento de órdenes judiciales, por lo que podría ser constitutiva de un delito de sedición.

En consecuencia, los líderes de las plataformas civiles convocantes de la protesta, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Ómnium Cultural, fueron procesados y posteriormente enviados a la prisión de alta seguridad de Soto del Real, donde permanecen.

Ese hecho fue lo que precipitó la primera actuación judicial contra los líderes del independentismo catalán.