En América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con lo malo y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo, advirtió la especialista Agustina Ramón Michel.

En la presentación del libro El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, Ramón Michel señaló que pese a la legalización en la región, las mujeres que recurren al aborto siguen siendo perseguidas penalmente.

La académica de la Universidad de Palermo explicó en entrevista que en la mayoría de las naciones latinoamericanas la interrupción del embarazo se regula por causales relacionadas con la salud o la violación, y son pocas en las que está despenalizado en las primeras 12 a 14 semanas, como en Ciudad de México o Uruguay.

No obstante, continúa la persecución penal pues si las condiciones jurídicas no se cumplen, el aborto es un delito. Por ello esta práctica debería salir del código penal y cualquier irregularidad podría penalizarse por otra falta.

Ramón Michel indicó que en el proceso de despenalización se ha volteado hacia América Latina pues, a comparación de como se dio en Estados Unidos o Europa, que fue un proceso más elitista, en la región ha sido abierto y discutido.

Regina Tamés, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida, expuso que si bien modificar las leyes no cambia de manera inmediata la percepción de la sociedad, sí tiene un efecto simbólico. Se sale del derecho penal y eso hace que el personal de salud se sienta en confianza sobre la conducta que antes era considerada criminal o delictiva, y las mujeres ahora sienten que esto es parte del ejercicio de sus garantías.