Buenos Aires. Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que 80 personas murieron aquí mientras esperaban que se resolviera la entrega de su pensión por discapacidad, y 180 mil continúan esperando que el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, reintegre las pensiones que suspendió.

Entre 2016 y 2017, por el ajuste de Macri, 170 mil pensiones por discapacidad fueron dadas de baja y en estos momentos la situación sigue profundizándose, denuncian desde ATE Pensiones. Walter Pignataro, delegado de ese gremio, confirmó en entrevista para el canal de televisión C5N, que son más de 180 mil los que esperan que el gobierno apruebe sus pensiones mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo creado por la administración de Cambiemos en septiembre de 2017 remplazando la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que formalmente dependen de la Secretaría General de la Presidencia.

No se da inicio a los expedientes, cuando el trámite llega al último circuito, no sale, no otorgan la pensión. Y tienen toda la documentación presentada, con todos los requisitos, evaluación del trabajador social y cruce de información. Les toman el pelo. Falta decisión política y no aparece la plata, dijo el dirigente sindical.

En los años 90 se daban mil pensiones de este tipo por año, en la década siguiente fueron 10 mil por mes y ahora no sale nada. También se quitaron miles de estas pensiones, por lo que hubo decenas de manifestaciones de discapacitados. La tarde de este miércoles, después de los reclamos, la juez Adriana Cammarata consideró que la quita de las prestaciones lesiona derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, y resolvió que el Ministerio de Desarrollo Social deberá restablecerlas en un plazo de 10 días.

Ante la trágica realidad del daño causado por la suspensión de pensiones por invalidez en todo el país, la magistrada tomó esta resolución considerando que los derechos fueron lesionados, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas. El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzano, había representado a Irene Gadea, a quien se le había cortado el beneficio intempestivamente, a pesar de que tiene 80 por ciento de invalidez. Esto sucedió a partir de diciembre de 2015, cuando Macri llegó al gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, presidido por Carlina Stanley, dio de baja miles de pensiones en el marco del ajuste. Esta funcionaria nunca cumplió con las decisiones de varios jueces que pedían la restitución.

Sobre este tema también se escucharon demandas de miles de manifestantes de organizaciones sociales que marcharon este miércoles contra los tarifazos y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se vieron carteles que señalaban: Macri=hambre, mientras se informaba que la economía cayó en cerca de 5 por ciento y descendió en una suma similar el consumo interno, a la vez que se anuncia un nuevo aumento de 24 por ciento a la luz y otros servicios, que llevarán la situación al límite de un estallido social, como advierten los trabajadores. Todas las centrales sindicales preparan el paro general del próximo 25 de septiembre. Los más radicales pararán desde el 24 y llevarán a cabo una gran movilización en esta capital y en todo el país.

La mañana de este miércoles pequeños productores agrícolas de la Unión de Trabajadores de la Tierra realizaron un nuevo feriazo en Plaza de Mayo, para evidenciar la profunda crisis que vive ese sector ante la devaluación del peso y también por la destrucción de la Secretaría de Agricultura Familiar, de donde se despidieron 600 técnicos. Centenares de porteños se disputaban el paquete de verduras a 10 pesos, en momentos en que éstas aumentaron más de 48 por ciento.

Por su parte, el dirigente social y abogado Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien fue detenido la noche del martes por intentar defender a un grupo de vendedores ambulantes, entre los que figuran varios refugiados africanos, recuperó su libertad a últimas horas de la noche y denunció que el gobierno ha generado un clima de intolerancia y odio contra los trabajadores. También denunció el maltrato a los detenidos referentes de diversas organizaciones sociales en una represión policial que calificaron de brutal por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el diario Página/12 no salió en edición impresa este miércoles, luego de que los trabajadores realizaron un paro el pasado martes en demanda de un aumento salarial de 23 por ciento, como se pactó con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires con las cámaras del sector.