El programa de pensiones para adultos mayores no debe ser universal como pretende Andrés Manuel López Obrador, ya que debido a los diferentes sistemas que hay en el país algunas personas reciben unas muy altas, advirtió Berenice Ramírez, especialista en el tema del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sólo 28 por ciento de los mexicanos de más de 65 años cuenta con una pensión de retiro, pero no tiene ningún sentido apoyar a quienes ya perciben una muy elevada. Hay que darle a los que no tienen y a quienes reciben pagos menores a mil pesos, con el fin de llevarlos a una línea de bienestar y que realmente entremos en dinámicas de equidad, resaltó en entrevista.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere que hay mil sistemas de pensiones en el país con profundas disparidades entre sí, que, por ejemplo, los pensionados de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad reciben entre entre 6.7 y 8.8 más dinero que un pensionado del Seguro Social.

El jueves pasado, durante la Reunión Anual de Industriales (RAI), Gerardo Esquivel, quien fungirá como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de López Obrador, anunció que el programa de adultos mayores, uno de los más importantes del presidente electo, se cambiará en dos dimensiones: hacerla universal y duplicar el monto que actualmente es de 580 pesos bimestrales, es decir, un dólar o 20 pesos por día, por debajo de la línea de la pobreza de un país africano, detalló.

Agregó que para que nos alcance el recurso y demostrar el compromiso fiscal, pensando hacia adelante en una reforma muy necesaria del sistema de pensiones, el programa debe empezar a funcionar a partir de 68 años y no de 65 como hasta ahora, pero todos los beneficiarios que hoy reciben el apoyo lo seguirán manteniendo. También mencionó que se evaluará subir la edad para jubilarse en el sistema de pensiones en general, pero acotó que eso se discutirá hasta la segunda mitad del sexenio.

Berenice Ramírez consideró adecuado que antes de llevar a cabo una reforma al sistema general de pensiones, que necesariamente implicará una reforma fiscal, el próximo gobierno comience con cambios al plan de adultos mayores.

Sostuvo que todos los regímenes establecidos por contratos colectivos se deben revisar, porque cuando se hizo la reforma estructural al sistema de pensiones se cometió el error de dejarle al Estado todos los costos laborales tanto de los trabajadores que recibirán pensión por el sistema de reparto –establecido en la ley de 1973– como de quienes no alcanzarán una aunque coticen en cuentas individuales bajo la ley de 1997.

Según el CIEP, el gasto en pensiones que realiza cada año el Estado es uno de los rubros que más presiones ejercen en las finanzas públicas y en los pasados años se ha erogado para tal fin 5 por ciento más del presupuesto aprobado originalmente. En general, las pensiones llegan a representar 15 por ciento del gasto público total y 3.5 por ciento del PIB.