a semana pasada sucedieron dos linchamientos en Puebla e Hidalgo respectivamente, motivados por el rumor de que las víctimas eran supuestos robachicos. Los linchamientos son originados por faltas o delitos reales o imaginados. Estos casos coinciden con una ola de noticias falsas viralizadas en redes sociales acerca de supuestos robos de niños, que ha alcanzado una dimensión casi nacional y merecería ser mucho mejor investigada no sólo desde el punto de vista legal-penal, sino también desde el punto de vista mediático-académico. Es prácticamente la primera vez que asistimos a un fenómeno similar, donde las redes sociales viralizan y extienden a semejante nivel información falsa que provoca más de un linchamiento, a diferencia de países como India donde el uso de redes sociales para incitar linchamientos es un hecho tristemente común. Las redes sociales ahora han jugado un papel protagónico en la generación de pánico o sicosis colectiva pero de ninguna manera el fenómeno de los linchamientos en México se agota ahí. La causa profunda no se halla en la difusión electrónica noticias falsas.

Los linchamientos en México son de diferentes tipos. Considerando el actor colectivo que los protagonizan, un primer tipo ocurre en diversos contextos –pueblos rurales, semirrurales o urbanos, así como colonias y barrios urbanos– e incluye a colectividades donde sus miembros son parte de una misma comunidad con algún grado de vínculo entre ellos y un segundo tipo incluye colectividades que se forman de manera espontánea y se disuelven inmediatamente después de perpetrado el acto. Los dos linchamientos ocurridos la semana pasada en San Vicente Boquerón y en Santa Ana Ahuehuepan corresponden al primer tipo.

El caso de San Vicente Boquerón llama particularmente la atención porque se sitúa en Puebla, donde desde hace varios años se registra un alto índice de linchamientos y que en tiempos recientes muestra un tétrico paisaje de criminalidad y violencias que incluye feminicidios, huachicol y delitos de alto impacto. Haya o no víctimas mortales, todo linchamiento es grave, sin embargo pocos sucesos violentos generan el grado de morbo y crispación social como lo sucedido en Puebla, un caso que ha recibido gran atención mediática, consternación y condena. Pero los linchamientos no son nuevos, no tienen nada de inexplicable ni pueden ser reducidos a su momento de mayor paroxismo.

En las décadas recientes, la mayor parte de los pueblos que protagonizan linchamientos padecen un alarmante proceso de despojo de tierras, bienes y recursos naturales, de invasión de territorios, un crecimiento agudo de la inseguridad y el crimen y todo ello frente a un aparato de justicia francamente omiso e inoperante. Tan sólo en Puebla en lo que va del año, según cifras oficiales ha habido 146 episodios de linchamiento, con 15 víctimas mortales y 201 personas rescatadas. Por más que se diseñen y se implementen protocolos de seguridad específicos para atender estas emergencias, el fenómeno no cesa y no existe ningún tipo de estrategia de prevención y atención en las regiones o entidades afectadas por este fenómeno. No parece que las autoridades sepan qué hacer aparte de expresar enérgicas condenas.

Por otro lado, calificar a la gente que protagoniza linchamientos como salvaje o loca no ayuda absolutamente en nada. Linchar a los linchadores poco contribuye a entender, prevenir y educar. Los agravios históricos y recientes cometidos en prejuicio de los habitantes de estos pueblos necesitan ser considerados y analizados como parte sustancial del contexto de los linchamientos que no son usos y costumbres, sino efectos de las múltiples violencias que se sufren en estos lugares. Los habitantes de estos pueblos no son humanos evolutivamente inferiores; son actores colectivos que asombrosamente sobreviven en medio de una marginación perversa. San Vicente Boquerón se ubica en Acatlán de Osorio, ubicado en la región mixteca del estado de Puebla, municipio que ocupa el sexto lugar en la lista de receptores de remesas. Pese a la grave marginación, los mixtecos buscan la manera de sostenerse mediante su intenso trabajo fuera del país. Son poseedores de una cultura rica y ancestral y mantienen formas de organización comunitaria de las que se necesitaría echar mano para atender este problema.

Los culpables de los linchamientos deben ser enjuiciados, sí, pero esto no va a ser suficiente si las autoridades no piensan en acciones de pedagogía social, especialmente para los más jóvenes, y en mecanismos de resolución de conflictos y de mitigación de la violencia a partir de procesos comunitarios basados en su historia y experiencia. El dolor y la atrocidad pueden ser procesados y encausados mediante ejercicios sociales de escucha, reparación y perdón. Los linchamientos no son un problema de otros, de los otros lejanos y desconocidos, sino un problema nacional que nos atañe a todos.