Managua. Nicaragua acogió parcialmente este viernes un paro convocado por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) para exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega la liberación de cientos de detenidos por participar en las protestas de meses recientes, en las que murieron al menos 320 personas y unas 2 mil resultaron heridas, según organismos humanitarios.

Durante la jornada, temprano, se observó a los empleados del Estado dirigirse cotidianamente a sus centros de trabajo, mientras niños y jóvenes uniformados asistieron con normalidad a las escuelas públicas, pese a que algunos colegios privados sí suspendieron clases.

Bancos y colegios explicaron en redes sociales que suspendieron labores para garantizar la seguridad de trabajadores y estudiantes, debido al tercer paro nacional de 24 horas, en el que los transportistas trabajaron para brindar el servicio en todo el país; sin embargo, la mayoría de los 20 mil establecimientos del Mercado Oriental, el mayor centro de comercio del país, amanecieron cerrados.

En un recorrido de Xinhua por algunos centros comerciales también se observó el cierre de sucursales bancarias y financieras, así como de algunas tiendas departamentales, al tiempo que la concurrida carretera a Masaya, sur de la capital, donde funcionan cientos de negocios, también lucía con menor afluencia de lo normal. En algunas vías de la entrada a Managua las autoridades montaron retenes policiacos.

En la jornada opositora de brazos caídos participaron también el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Cámara Nicaragüense Americana de Comercio y la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico Social. El primer paro a escala nacional se llevó a cabo el 14 de junio pasado, y el segundo el 13 de julio anterior.

La ACJD, integrada por estudiantes y grupos de la sociedad civil, se formó a raíz del diálogo que se inició en mayo con el gobierno, bajo la mediación de la Conferencia Episcopal, para buscar una salida a la crisis que vive el país a raíz de las protestas surgidas el 18 de abril por una fallida reforma a la ley de salud.

A consecuencia de las protestas, al menos 300 personas son procesadas injustamente por su presunta participación, de las cuales 85 son acusadas de terrorismo, denunció la semana pasada el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exhortó a buscar una solución democrática al conflicto tras reunirse con un grupo de nicaragüenses que denunció la existencia de presos políticos, torturas, violaciones y asesinatos en las prisiones del país.

La situación de violación de derechos humanos hace imprescindible una solución democrática en Nicaragua. Exigimos respeto a la integridad física y moral de iglesias, campesinos, estudiantes e indígenas en el país, señaló Almagro en Twitter.