Frente a la preocupación manifestada por representantes de organismos internacionales y nacionales en torno a la crisis de inseguridad que enfrentan los periodistas en México, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, aseveró que el Estado mexicano se toma en serio las recomendaciones que se le hacen en la materia, entre ellas las de protección a comunicadores.

Aseguró incluso que en los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, asesinados el año pasado, no hay impunidad, ya que en ambos hay detenidos y vinculados en los procesos penales que se siguen.

El quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, señaló que en materia de prevención, no se ven políticas públicas significativas para impedir las agresiones contra los reporteros, mientras los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, reiteraron la necesidad de que el Estado mexicano garantice los derechos de ese sector.

Durante un seminario en el que se analizaron las conclusiones del informe de los relatores, producto de su visita de trabajo a México a finales del año pasado, Ruiz Cabañas indicó que en el sexenio actual se amplió la política de apertura al escrutinio internacional, pues se tuvieron 29 visitas de relatores y mecanismos globales de derechos humanos.

El Estado mexicano sí toma en serio las recomendaciones que hacen las instancias internacionales; ejemplo de ello, dijo, es la aprobación de las leyes contra la tortura y la desaparición, y en materia de libertad de expresión, la creación del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.

Reconoció que el país enfrenta retos para avanzar en la protección efectiva de los comunicadores y consolidar y ampliar los cauces de la libertad de expresión, uno de los más importantes es mejorar la coordinación de los tres niveles de gobierno y de los poderes de la Unión para progresar en la prevención, investigación y sanción.

Casos emblemáticos como los de Miroslava Breach y Javier Valdez, sostuvo, han presentado importantes avances. No hay impunidad, ha habido detenidos y vinculados a proceso, se ha avanzando mucho.

Corzo Sosa destacó que el informe de los relatores pone varios temas pendientes para alcanzar una adecuada protección y respeto a la labor periodística. Un punto importante es que no hemos visto una línea fuerte de política en prevención. La protección es otro tema fundamental, y se debe fortalecer el mecanismo en la materia. Lamentamos que por segundo año se juegue con los recursos para esta instancia –en riesgo de terminarse para septiembre–, con lo que se suspenderían los beneficios para las 702 personas adscritas, entre ellas 438 periodistas.