Aunque pueden pasar meses para que se conozcan todos los alcances del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ampara el derecho de la comunidad Bacanuchi, Sonora, para decidir sobre temas ambientales, la resolución sienta precedente y servirá a habitantes de las localidades donde se realizan proyectos eólicos, turísticos, viales y turísticos, así como a quienes resultarían afectados por el nuevo aeropuerto y el Tren Maya, consideró Luis Miguel Cano, abogado de los afectados.

El miércoles la SCJN otorgó el amparo a habitantes de Bacanuchi que demandaron ser consultados sobre la construcción de una presa de jales –donde se depositan residuos peligrosos de la explotación de minerales– de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, en la que se almacenarían 80 mil veces más que los 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos que esa compañía derramó hace cuatro años.

Representantes de los comités de cuenca del río Sonora y habitantes de Bacanuchi consideraron que con el fallo del máximo tribunal del país ‘‘nos aseguramos de que no haya otro desastre como el de agosto de 2014. No queremos que nuestros hijos y nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratadas como animales por la minera’’.

Cano explicó que el amparo es definitivo e inatacable y que la corte reconoce la importancia de la participación de las comunidades en temas ambientales.

Están por aprobarse 33 concesiones en Sonora

Añadió que a pesar de las carencias de las actuales normas ambientales del país, que no prevén la consulta ni la participación ciudadana en el otorgamiento de permisos de construcción de obras de este tipo, se sienta un precedente para defender las causas de otras comunidades a lo largo del país.

Destacó que puede haber dos efectos del amparo: si la sentencia dice que la participación debe prevalecer, puede haber una reunión informativa con una presentación y que sólo se permita que los pobladores expresen sus inquietudes, o bien que la empresa presente toda la información del proyecto, incluidos sus posibles impactos ambientales y las medidas de prevención, y que se dé a los pobladores un tiempo razonable para analizar los documentos y para que sean tomadas en cuenta las inquietudes de los habitantes de Bacanuchi.

En tanto, pobladores afectados por el derrame tóxico de Grupo México en el río Sonora celebraron la resolución de la SCJN.

Francisco Ramón Miranda, presidente del comité de cuenca, subrayó que este fallo ‘‘llega en el momento más oportuno’’, debido a que está en ciernes la aprobación de 33 concesiones mineras en la zona.