La desesperación ante el clima de violencia y la falta de acción por parte de las autoridades no debe ser excusa para que grupos de ciudadanos realicen linchamientos, como los ocurridos en días pasados en Hidalgo y Puebla, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Luego de participar en una asamblea de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, realizada en Guadalajara, Jalisco, el ombudsman nacional lamentó en entrevista colectiva con medios de comunicación que las personas hagan justicia por propia mano, muchas veces sin estar seguras de la culpabilidad de las personas a quienes linchan.

Al ser cuestionado sobre si la falta de acción por parte de las instituciones judiciales ha propiciado este tipo de actos, González Pérez subrayó que los linchamientos no pueden justificarse por ninguna razón. Eso no es justicia, es barbarie, y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones, pero también corregir las debilidades institucionales, aseveró.

El funcionario aprovechó para anunciar que en las próximas semanas, la CNDH emitirá un informe sobre el tema de los linchamientos –realizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México–, mediante el cual sugerirán políticas públicas para fortalecer el aparato de justicia y así evitar estas conductas que to-dos reprobamos.

Al abundar sobre el tema de la ineficiencia de los organismos de procuración de justicia, González Pérez resaltó que una de las causas de ello es la falta de autonomía e independencia de las fisca-lías estatales.

Hay por lo menos 13 fiscalías autónomas que lo son de nombre, (pero) no han cambiado los modelos. Nada más sustituyeron el membrete, y persiste la debilidad institucional. Se tienen que construir modelos que permitan una eficiente procuración de justicia, que actúen con profesionalismo y de manera científica, recalcó.

Por otra parte, el titular de la CNDH lamentó que el fenómeno de las desapariciones no sólo no ha disminuido, sino que inclu-so ha aumentado de forma alarmante, como lo demuestra el hecho de que, según fuentes oficiales, se han detectado al menos 855 fosas clandestinas, aunque registros hemerográficos consignan alrededor de mil 150.

En ese sentido, llamó a fortalecer la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y cometida por particulares, sobre todo a través de presupuestos suficientes para la Comisión Nacional de Búsqueda y otros organismos dependientes de dicha norma.