Juchitán, Oax., La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) demandó al Estado mexicano atender el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 25 de abril de 2017 y acatar su recomendación 11/2015, en la que piden liberar a Pablo López Alavés, defensor de los bosques de la sierra norte de Oaxaca.

La defensoría explicó que, según la ONU, se incumplieron normas internacionales relativas a que López Alavés tuviera derecho a un juicio imparcial, lo cual está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en instrumentos internacionales ratificados por México, por lo que su privación de la libertad fue arbitraria.

Insistió en que se debe acatar el exhorto 11/2015 que está incumplido, pues la sala constitucional sobreseyó la apelación que hizo la ONU, luego de que el juez del caso, al enterarse del recurso promovido por la instancia defensora, dictó en forma apresurada una sentencia que había mantenido en suspenso durante siete años.

López Alavés fue detenido el 15 de agosto de 2010 en la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por 15 hombres armados que sin identificarse ni presentar orden judicial se lo llevaron y lo desaparecieron. Al día siguiente se supo que eran agentes del Estado.

Formal prisión desde 2010

Recordó que el auto de formal de prisión contra el ambientalista fue dictado en diciembre de 2010, después de varios meses de estar detenido. A la fecha, sigue en prisión sin sentencia y su proceso penal continúa en fase de instrucción, lo cual viola su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad individual.

La DDHPO reiteró su demanda para lograr la excarcelación del López Alavés, tomando en cuenta la opinión 23/2017 de la ONU –del 25 de abril de 2017– que consideró la privación de la libertad de Pablo López como contraria al sistema universal de derechos humanos. Citó que en 2017 el grupo de trabajo de la ONU determinó que el remedio adecuado sería liberar a López Alavés e indemnizarlo, de conformidad con el derecho internacional.

La DDHPO puntualizó que hay consenso en el ámbito internacional de que las resoluciones del Grupo de Trabajo de la ONU debieran acatarse por los países a los cuales se dirigen, pues lo contrario erosionaría el derecho internacional de los derechos humanos y haría que la responsabilidad de un país ante la comunidad internacional no pudiera ser reclamada.