Cuando falta menos de un mes para que se cumplan cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sigue abierto, debido a que los jóvenes se encuentran en calidad de desaparecidos.

Incluso las investigaciones de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 no podría concluir con la verdad histórica porque falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida si es posible crear la comisión de la verdad. No obstante, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en un mensaje previo a su sexto Informe que hay evidencias claras y contundentes de que los normalistas fueron incinerados.

Hasta el momento, ninguno de los más de 130 detenidos por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 está consignado por desaparición forzada y casi 90 por ciento enfrentan proceso por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

De acuerdo con información de la PGR, a la mayoría de los detenidos –90, aproximadamente– se les relaciona como integrantes de Guerreros Unidos, grupo al que se imputa el ataque a los normalistas; 50 policías de Iguala y 19 de Cocula, que esa noche habrían participado de alguna forma en los hechos.

La PGR asegura que tiene sustentada con evidencia científica la teoría de que los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, pero los padres de los normalistas, la defensa y organizaciones nacionales e internacionales advierten que la mayoría de la investigación se basa en declaraciones.

El 31 de mayo, el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, con sede en Tamaulipas, resolvió que la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación, y determinó que existen indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones contra los coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

El pasado 17 de julio, la primera sala de la SCJN admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción por el tercer tribunal unitario del décimo noveno circuito, con sede en Matamoros, y debe resolver si atrae los recursos de revisión extraordinaria promovidos por distintas dependencias del gobierno federal contra la comisión de la verdad.