Tijuana, BC., En el predio La Gallera, justo donde Santiago Meza López, El Pozolero del Teo, disolvía cuerpos en ácido o sosa cáustica, se inauguró ayer un mausoleo en memoria de las víctimas.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, los integrantes de la Asociación contra los Desaparecidos de Baja California realizaron un homenaje en ese sitio, ubicado en la colonia Ejido Maclovio Rojas, en el oriente de esta ciudad fronteriza.

Familiares de víctimas de desaparición, encabezados por Fernando Ocegueda, aseguraron que de este lugar se han extraído 16 mil 500 litros de emulsión orgánica.

Madres, padres y hermanos de ausentes, así como activistas y voluntarios, participaron en la ceremonia de inauguración del mausoleo y demandaron a las autoridades la presentación con vida de sus familiares.

Explicaron que el nuevo espacio sirve para orar, recordar, reclamar y ‘‘manifestar un sentimiento que no se puede silenciar’’.

En la creación del memorial, que fue iniciativa de la Procuraduría General de la República (PGR), a petición de parientes de los ausentes, en un predio donado por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, participaron artistas plásticos de la Universidad Autónoma de Baja California y el Colectivo Reco.

En el suelo se observan dos grandes mosaicos de colores elaborados con espejos y azulejos en forma de mandalas. En las paredes se leen los nombres de las víctimas y la fecha de su desaparición. También hay leyendas en varias partes del predio que exigen justicia y condenan la desintegración de los cuerpos.

En un cuarto en obra negra que era utilizado por El Pozolero del Teo para disolver cadáveres, los activistas colocaron fotografías de hombres y mujeres privados de su libertad y vida, y ahora será una capilla.

En nombre de 170 familias que integran la Asociación Contra los Desaparecidos de Baja California, Ocegueda reconoció las labores de búsqueda de la PGR y el espacio que donó el gobierno estatal.

Sin embargo, señaló que la Procuraduría de Justicia del Estado se limitó a abrir carpetas de investigación sin seguir las pruebas y pistas que han entregado los familiares de los desaparecidos.

Meza López confesó haber disuelto a más de 300 personas.