En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, activistas y familiares de hombres y mujeres ausentes marcharon en ciudades de Chihuahua y Sinaloa, así como en las capitales de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Hidalgo y Veracruz para exigir la presentación con vida de sus parientes y denunciar ‘‘la pasividad’’ de las autoridades de todos los niveles y sus intentos de minimizar este crimen.

Con la finalidad de visibilizar ‘‘el gran problema’’ que vive la entidad, hubo una vigilia en la explanada del Museo de la Revolución, en Ciudad Juárez; una marcha en Chihuahua capital y otra en Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado tiene 2 mil 94 expedientes de personas ‘‘ausentes’’, pero datos de organizaciones no gubernamentales indican que la cifra real sería de 5 mil, ya que los reportes oficiales no toman en cuenta cientos de casos anteriores al año 2000.

Mientras, la Fiscalía Especializada de la Mujer reportó la desaparición de Jaqueline Paloma de la Paz Rojas, de 17 años de edad, quien el 27 de agosto salió del albergue Agua Viva, ubicado en la colonia Libertad de Ciudad Juárez, donde estaba internada.

En Mazatlán, Sinaloa, el grupo de rastreadoras Una Luz de Esperanza, encabezado por Lucy Espinoza, colocó fotos de sus desaparecidos en el Monumento a la Familia, ubicado en la Avenida del Mar. Espinoza anunció que solicitarán al gobernador priísta Quirino Ordaz Coppel que la Fiscalía General del Estado cree un servicio médico forense ‘‘digno’’.

Con tres marchas, una por la mañana y dos por la tarde, miles de personas recordaron en Guadalajara el grave problema de las desapariciones en Jalisco.

Familiares, ciudadanos, organizaciones y estudiantes exigieron al gobierno una política integral, con presupuesto suficiente y acompañamiento. El estado se encuentra entre los primeros tres lugares del país en desapariciones forzadas con al menos 3 mil 318 casos, según cifras del gobierno federal.

Familiares de personas desaparecidas en Michoacán se manifestaron en la plaza de armas de Morelia, donde solicitaron que se esclarezcan 300 casos de personas secuestradas por criminales e incluso por autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Esos casos están ‘‘bien documentados’’, aunque hay cientos de personas más que aparentemente ‘‘se esfumaron’’, dijo la activista Laura Orozco Medina.

Integrantes del colectivo Familias Unidas por Nayarit formaron un corazón con fotografías de sus desaparecidos en la plaza Bicentenario, frente al palacio de gobierno del estado, en el centro de Tepic. Santiago Pérez Becerra, representante del colectivo, aseguró que hay 38 mil desaparecidos en la República.

Lamentó que las desapariciones de adolescentes de entre 13 y 16 años de edad vayan en aumento y que la Fiscalía General de Nayarit no cumpla el protocolo de emitir la alerta de búsqueda en las primeras 24 horas, sino que deja pasar 72 para difundir datos e imágenes de los menores.

‘‘Sólo un ser superior puede perdonar’’

Familias de personas desaparecidas se reunieron en plaza Lerdo de Tejada, en Xalapa, para reprochar a las autoridades de Veracruz la falta de resultados en la búsqueda de personas y en las investigaciones para sancionar a los responsables.

Sobre la propuesta de perdonar a los criminales, la madre de Yvanhoe Mass González, desaparecido en marzo de 2010, señaló que no está de acuerdo. ‘‘El delincuente es delincuente y debe pagar por sus acciones, más cuando se trata de vidas humanas. Sólo un ser superior puede perdonar’’.

De 2008 a 2018, en Zacatecas han sido denunciadas ante la Fiscalía General del Estado las desapariciones de mil 160 personas, de las cuales sólo han sido localizadas 390, la mayor parte muertas, informó María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

Rubén Villalpando, Jesús Estrada, Irene Sánchez, Juan Carlos G. Partida, Myriam Navarro, Ernesto Martínez, Juan R. Montoya, Eirinet Gómez y Alfredo Valadez