El uso de facturas apócrifas causa al fisco una pérdida de ingresos por 2 billones de pesos, monto que equivale a 70 por ciento de la recaudación prevista para este año, reveló la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Para atajar la sangría, el ombudsman del contribuyente propuso una modificación legal para que dos terceras partes del impuesto al valor agregado (IVA) causado en cada prestación de servicios sea retenido en automático y así los falsificadores de facturas pierdan el incentivo de generar esos documentos para evadir impuestos.

Publicar listas negras de empresas que emiten facturas falsas no ha sido suficiente para contener este delito, dijo Diana Bernal, titular de la Prodecon.

Dicha medida de control, la retención de impuestos, recae en quien paga el servicio y lo obligaría a pagar la retención mensualmente. La retención impactaría directamente en la forma en que operan las empresas que facturan operaciones simuladas, comúnmente conocidas como esquemas de carrusel, explicó Edson Uribe, subprocurador general de la Prodecon.

El objetivo de la reforma es combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes vinculadas con empresas fantasma, añadió.

La medida coexistiría con las listas negras de empresas que emiten facturas apócrifas y complementaría la propuesta que ha anunciado ya el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que la venta de facturas sea considerada delito grave, expuso.