La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal atiende alrededor de 500 quejas relacionadas con el programa de pensión alimentaria por la falta de depósitos en la tarjeta de los beneficiarios, la eliminación de quienes no se encuentran en su domicilio y la falta de presupuesto.

Durante la clausura de las Jornadas por los Derechos de las Personas Mayores, señaló que el tiempo de espera de quienes son eliminados de la lista es hasta de tres años, porque los mandan hasta el final de la fila, pues los procedimientos que sigue (la Secretaría de Desarrollo Social) no son equitativos.

Situación similar enfrentan los nuevos solicitantes al cumplir 68 años, a quienes no se les está dando el servicio, pues a pesar de que se dice que el programa es universal, no es real, porque hay deficiencias en términos de presupuesto, argumentó el organismo.

Hasta el momento, precisó, hay 325 quejas relacionadas con la tarjeta de adulto mayor, y en el área de recepción de dicha área más de 90, por lo que en breve tendremos casi 500, por lo cual se llevan a cabo investigaciones a fin de apoyar a las personas para que tengan este servicio.

Las autoridades deben poner en marcha leyes, políticas, mecanismos y servicios para promover y proteger los derechos de los adultos mayores, cuyo número va en aumento. En 2030, dijo, la Ciudad de México concentrará 20.4 por ciento, con una edad promedio de 70.7 años.

Hoy, reconoció, enfrentan maltrato y violencia física, sicológica, económica y social, muchas veces por sus propios familiares, quienes algunas veces los abandonan en las calles tras despojarlos de su vivienda.

Tenemos crecimiento significativo de personas mayores en situación de calle, pero la institucionalización de los asilos no es la salida, como tampoco dejar los costos de la seguridad social a las familias, señaló.

Las enfermedades crónico-degenerativas que enfrentan, como hipertensión, diabetes y cáncer, cuestan mucho y se convierten en una carga catastrófica que no pueden sostener las familias y se genera también violencia que el Estado también puede evitar, afirmó.