Compras consolidadas
as compras consolidadas en el sector salud generan grandes beneficios al país. De 2013 a 2018 la licitación bajo el liderazgo del IMSS generó un ahorro de 17 mil 592 millones de pesos, además de mayor cobertura y acceso de medicamentos a la población más necesitada.
Se dice que Jorge Alcocer, propuesto como secretario de Salud para la próxima administración, buscará el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para respaldar al sector y a la industria farmacéutica nacional vía ese esquema de adquisiciones.
La Licitación Consolidada 2019, liderada por el IMSS, ya está en proceso y el monto supera 50 mil millones de pesos, con la participación de más de 40 instituciones del sistema de salud.
Sobre este proceso, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala que todavía hay riesgos de corrupción en las compras consolidadas. Y es cierto. Sin embargo, el IMSS cuestiona su metodología de análisis, ya que no toma en cuenta los ahorros y economías de escala obtenidos.
Otra institución que critica el procedimiento es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que propone un abasto simultáneo de tres fuentes
para asignar 50 por ciento al mejor postor, 30 al segundo y el 20 restante al tercer lugar. Con ello, afirma, se garantizaría el abasto oportuno.
Sin embargo, lo que no toman en cuenta la Canifarma y el Imco es que el desabasto que se presenta no radica en el modelo de adjudicación, sino en la falta de pago oportuno por el sector público. Gobiernos locales e instituciones de salud deben grandes cantidades a proveedores. La Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud dice que sólo el Issste adeuda 7 mil millones y los estados decenas de miles de millones, lo que frena el abasto oportuno de medicamentos.
El próximo gobierno deberá perfeccionar este modelo de compras. Pero lo más importante es que establezca mecanismos de pago adecuados para dar certidumbre al proceso y acabar con el desabasto. Las compras consolidadas deben ser analizadas desde una perspectiva social y con visión de Estado, lo cual implica que tanto los proveedores de medicamentos como las instituciones de salud cumplan sus compromisos en tiempo y forma.
