Aunque la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México documentó la ilegalidad de la construcción del Tren Interurbano en suelo de conservación, la Secretaría de Obras capitalina (Sobse) prosigue la construcción del tramo III, con la tala de árboles sin autorización de la autoridad ambiental y violando el Programa General de Ordenamiento Ecológico.

De acuerdo con estudios de protección ambiental que la PAOT entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en abril de 2017, debe prohibirse el desmonte planeado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en suelo de conservación para construir el viaducto del tren, manifestaron a La Jornada pobladores de la delegación Cuajimalpa.

La procuraduría ambiental acreditó además la prohibición para construir infraestructura y caminos en suelo forestal de conservación especial en los bajos de la Sierra de la Cruces.

La PAOT confirmó que para realizar las obras del tramo III del Tren Interurbano fuera del derecho de vía de la autopista México-Toluca la Sobse requería autorización de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema), dado que afectaría el entorno ambiental y generaría riesgos por el cambio de uso de suelo en más de cinco hectáreas de cubierta forestal. De acuerdo con la PAOT, este cambio de uso de suelo resulta improcedente, pues el desmonte es prohibido en todas las zonificaciones del suelo de conservación.

Los estudios, realizados por la PAOT a solicitud de la Semarnat, evidencian que los estudios técnicos justificativos que realizó la dirección general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT para solicitar el cambio de uso de suelo argumentaban de forma falsa que no existía vegetación forestal.

La procuraduría ambiental confirmó que toda la superficie de los ocho polígonos afectados por las obras del tren es boscosa. La pérdida de cada hectárea del suelo de conservación representa que los mantos acuíferos de la cuenca del valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor de 2.5 millones de litros de agua cada año, sostiene un informe de la autoridad ambiental.

Los habitantes del pueblo de El Contadero denunciaron que la ampliación de la autopista y la carretera federal México-Toluca a la altura de El Ocotal en San Lorenzo Acopilco, así como la construcción de una subestación eléctrica y sus accesos en Loma de Pachuquilla y el cambio de trayectoria del viaducto férreo dentro del territorio indígena deben ser consideradas ilegales, ya que violentan el programa de ordenamiento ecológico de la ciudad y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

La construcción del tramo III del Tren Interurbano corre a cargo de la Sobse, según lo acordado en abril de 2014 entre los gobiernos federal y de la Ciudad de México, con un contrato de obra pública firmado en diciembre de 2014, que incluye los trabajos de construcción y las obras complementarias desde la salida del bitúnel en el paraje Montes de las Cruces hasta la estación Observatorio.

Esto violenta la ley capitalina de protección a la tierra. Los pobladores inconformes citan como evidencia la resolución de autorización de impacto ambiental que emitió el director general de Regulación Ambiental de la Sedema, Rubén Lazos Valencia, ya que se omitió el análisis de la afectación del viaducto férreo dentro del suelo de conservación en más de 6.5 kilómetros de longitud. Por ello se debe impedir la obra, ya que casi 5 kilómetros del viaducto férreo se encuentran dentro de áreas consideradas de valor ambiental en las barrancas de Tacubaya y Pachuquilla.