Buenos Aires., Contradiciendo la legislación de Argentina, el juez Carlos Bonadío ordenó allanar este jueves el departamento de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su casa en Río Gallegos, provincia sureña de Santa Cruz, y en el Calafate, impidiendo la presencia del abogado de la ex mandataria en esta capital y en su domicilio, llevando como testigos a dos militantes de la gobernante alianza Cambiemos, lo que se ha convertido en un atropello jurídico, en el contexto de una causa de ribetes sensacionalistas, sin ninguna prueba concreta.

El allanamiento al departamento en esta capital se extendía desde el mediodía hasta la noche de este jueves, y sin testigo alguno, por lo cual, y como había advertido Fernández en un fuerte discurso el pasado miércoles en el Senado, en el contexto de la persecución político-judicial se han violado todas las normas, con lo cual desaparece el estado de derecho.

La causa por presuntos sobornos pagados por contratistas de la obra pública, entre los cuales figura en primera fila el primo del mandatario Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y empresas de la familia presidencial, que no son mencionadas ni tocadas por la justicia en este caso, no fue ni siquiera sorteada, se la adjudicaron Bonadío y Stornelli, desconociendo las normas de ética jurídicas.

La investigación está montada en fotocopias de duduosa autenticidad, ya que el chofer Óscar Centeno –asignado a un ex funcionario del ministerio de Planificación– dijo haber quemado los cuadernos donde anotaba todos los movimientos supuestamente sospechosos, pero de lo cual hasta ahora no existen pruebas concretas.

Una cantidad de empresarios que se acogen a la oferta de declarar como arrepentidos, son dejados en libertad después de apresurados testimonios, siempre y cuando acusen al gobierno anterior, y los que no responden a lo que los jueces necesitan, quedan detenidos, también ilegalmente.

Se suma al escándalo una nueva corrida del dólar que llegó a 31 pesos este jueves; los medios advierten que se bordea la recesión con la caída de la economía 6.7 por ciento, casi 8 por ciento y de la industria. Miles de negocios han cerrado, las fábricas están paralizadas. Cada día hay entre 700 y mil despidos en la iniciativa privada y también entre empleados del Estado.

En una acción de la Justicia del Trabajo, un tribunal ordenó la reincorporación de cinco de los 357 despedidos de Télam, sin ninguna justificación aceptable. Los periodistas de Télam se mantienen en la agencia estatal de prensa, acompañados de miles de personas que pertenecen a distintos sectores.

La ex presidenta autorizó los allanamientos el pasado miércoles, aunque pidiendo que hubiera testigos y que no se sacaran totografías para ser difundidas por los medios, como sucedió con el espionaje ilegal, en que se grabaron sus conversaciones telefónicas recientes. Los abogados de la ex mandataria, que anoche se reunió con diversos sectores que le expresaron su solidaridad, entre ellos referentes de la cultura, a quienes no se les permitió presenciar los allanamientos, pedirán la nulidad de esta causa y juicio político para Bonadío.

Los allanamientos coercitivos, sin testigos, han sido denunciados por diversos sectores que advierten que Fernández de Kirchner no puede regresar a su departamento porque nadie confía en lo que pueden haber dejado o plantado en las largas horas de revisión policial.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, escribió que la persecución política a Lula en Brasil se llama juez (Sérgio) Moro y Red Globo. En Argentina se llama juez Bonadío y Grupo Clarín. El objetivo: proscribir alternativas políticas capaces de gestionar nuestros países hacia mayor equidad social y soberanía nacional.

Mientras, continúa el paro de docentes universitarios y hay protestas en todo el país por la falta de los aportes del Estado que castiga a esas casas de estudio, como han denunciado varios rectores. Este viernes comienza un paro de 72 horas de los maestros de la provincia de Buenos Aires, a los cuales la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció 19 por ciento de aumento en cuotas, cuando la inflación suma 35 por ciento.

Tal como estaba anunciado las más de 20 organizaciones convocadas por Proyecto 7 realizaron un frazadazo en el barrio de Constitución, frente a una de las sedes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para denunciar que 27 mil personas se encuentran viviendo en la calle, y exigieron el pago de subsidios habitacionales, la apertura de los paradores (donde duermen los sin techo) las 24 horas del día, contra la represión y la discriminación.

No fueron recibidos por ningún funcionario, por lo lo cual llevaron su protesta al Congreso, donde extendieron sus frazadas en el piso y colgaron sus reclamos en las rejas.

La situación general es tensa y los mandatarios de las provincias advierten que las últimas medidas del gobierno los afectan gravemente, y miles de personas siguen ingresando a la pobreza, como advierte también la Universidad Católica Argentina.